ADICAE manifiesta la falta de voluntad del Gobierno y de la banca para resolver de una manera sencilla, clara y eficiente el resarcimiento completo a los consumidores afectados, tal y como exigía la sentencia de 21 de diciembre del TJUE y el propio Decreto del Gobierno

El Presidente de ADICAE ha sido designado representante del Consejo de Consumidores y Usuarios en la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de cláusulas suelo, cuya primera reunión tuvo lugar ayer mismo. El propio Banco de España, al término de la sesión, informó en nota de prensa acerca de las medidas de control que se llevaría a cabo y los tiempos previstos. 

ADICAE considera decepcionante los ritmos de funcionamiento acordados. Resulta inexplicable que la fecha de constitución se haya retrasado 6 meses en lo previsto en el propio Real Decreto de 21 de enero. De igual modo, la Asociación critica la demora hasta el 6 de noviembre para la recopilación de información y datos de las entidades, pese a que el artículo 5 del Real Decreto de 26 de mayo, señalaba que esa información debería facilitarse con carácter mensual.

En consecuencia, el primer informe de la Comisión al Congreso de los Diputados se presentará, dadas las fechas, prácticamente un año después de la promulgación del Real Decreto, mientras que en su propio articulado establecía un plazo de seis meses.

ADICAE urge a que se aceleren los mecanismos y el aumento de la presión a las entidades a que cumplan con lo establecido en el Real Decreto a la menor brevedad. Sólo ante las cifras que manejan la Asociación queda patente las carencias de las medidas establecidas y  la nula voluntad de la mayoría de las entidades a resolver esta situación. Miles de familias siguen encontrándose con todo tipo de trabas a la hora de recuperar su dinero deben eliminarse.

Las reclamaciones realizadas sólo por ADICAE, en representación de sus socios, suman ya 5.704 solicitudes, de las cuales, el mayor porcentaje se las lleva el BBVA con un 19%.  Banco Sabadell y Banco Popular le siguen en el podium de entidades más reticentes a cumplir la ley, con un 15,4% y un 13,3%, respectivamente.

La Asociación a través de su Observatorio de Seguimiento de los resultados del Sistema Extrajudicial ha denunciado las diversas fórmulas que las entidades utilizan para evitar que sus clientes interpongan las reclamaciones oportunas. Todas ellas abusan de la buena voluntad y confianza de sus clientes, que aún creen a pies puntillas lo que sus bancos les comunican.

Probablemente, una de prácticas más abusivas son las llevadas a cabo por BBVA. Esta entidad ha enviado cartas tipo denegatorias sin ningún tipo de argumentación, justificación o motivación ad-hoc respecto al caso concreto.

Al mismo tiempo, Evobank, Caixabank y Abanca exigen como requisito a realizar la reclamación, documentación que el propio banco posee, como las escrituras de préstamo, que en muchos casos ni siquiera se hicieron llegar a los clientes.

Caixabank, además, indica a quienes han pasado el primer obstáculo, que la devolución sólo podrá hacerse hasta mayo de 2013, aludiendo que aún se está discutiendo en el TJUE el alcance de los efectos temporales de la restitución, cuando es más que sabida la sentencia del Tribunal Europeo, favorable a la restitución con total carácter retroactivo.

Banco Popular, por su parte, realizó ingresos masivos de cantidades por cláusulas suelo sin haber proporcionado ningún tipo de información ni desglose previo a sus afectados. En una línea parecida ha actuado Liberbank, cuya práctica ha sido la misma incluyendo un escrito donde manifestaba proceder al estudio del caso y garantizando el pago antes de la finalización del primer periodo de reclamaciones, evitando así que los clientes receptores de las cantidades iniciaran el proceso de reclamación.

La participación de ADICAE en la Comisión pretende ser garante de los derechos de los consumidores. Por esta razón, el Presidente de la asociación, Manuel Pardos, informará al Consejo de Consumidores y Usuarios tanto del resultado de reunión de la Comisión, como de todas las prácticas abusivas de las que ha ido teniendo conocimiento, con el fin de valorar las medidas a proponer para ejercer plenamente sus funciones.