La asociación ha estudiado de forma exhaustiva el documento y ha encontrado graves aspectos que dejan la puerta abierta a nuevos fraudes a consumidores. En concreto ADICAE ha elaborado hasta 45 alegaciones al articulado y los ha presentado a los diferentes partidos políticos para que lo tengan en cuenta y rectifiquen sus carencias.

El aspecto más llamativo tras el análisis del borrador es la inaudita legitimación de las cláusulas suelo. ADICAE exige la completa eliminación de la mención de “limitaciones a la baja a la variación del tipo de interés” ya que representa una nueva inclusión de estas cláusula abusivas, pese a la multitud de sentencias que ya las han declarado nulas.

Por otro lado, según versa el documento propuesto por el Gobierno, los bancos ya no podrán iniciar la ejecución hipotecaria cuando el deudor haya incurrido en el impago de tres cuotas mensuales de la hipoteca. La reforma prevé que en su lugar se tenga en cuenta un porcentaje de impago sobre el capital total prestado y no el número de cuotas que el hipotecado haya dejado de abonar. Sin embargo, el tanto por ciento previsto es muy bajo para que el cambio suponga una protección real del consumidor, por lo que la asociación reclama un aumento de estas cifras.

Asimismo, el borrador, que debería mejorar la transparencia e información de los productos financieros, empeora si cabe el protocolo informativo con la retirada de la Ficha de Información Precontractual (FIPRE). Con la reforma no se exigirá a las entidades un régimen específico de entrega de información estandarizada previa para que el consumidor pueda evaluar y comparar otras ofertas. La asociación insiste en que debe mantenerse la obligación de disposición y entrega de una hoja de información previa, además de un reglamento posterior que desarrolle nuevas mejoras.

Otras de las carencias encontradas en el documento gubernamental es que continúa sin especificarse a quién corresponde pagar los diferentes gastos de formalización de hipotecas. Resulta inexplicable que tras la marea de procesos que han llevado a las entidades a los tribunales por hacer recaer en el consumidor importes que no les correspondían, estos no queden aclarados en el texto.

En paralelo, la transparencia en la comercialización de los productos financieros, que ha sido una de las críticas más recurrentes a la praxis bancaria, no se fomenta lo suficiente. Una de las propuesta de ADICAE para acabar con esta problemática es la inscripción de los formularios de condiciones generales en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Esta práctica impediría incluir en el contrato condiciones generales peores que las del pliego.

En definitiva, casi medio centenar de alegaciones con las que ADICAE pretende cubrir las fragantes lagunas del texto estatal. Si existe una verdadera voluntad de transformar la asimétricas posiciones en las relaciones contractuales entre bancos y consumidores e impedir nuevas malas praxis que deriven en otra crisis social y económica, estas consideraciones no deben ser ignoradas.