Los principales partidos políticos han hecho oídos sordos a las demandas de los consumidores. Un análisis realizado por ADICAE de las medidas en materia hipotecaria recogidas en los programas electorales de las más relevantes formaciones electorales, desvela un desconocimiento profundo, cuando no una desidia, de los legítimos intereses de los consumidores de servicios bancarios y financieros.

Si bien es cierto que casi todos los partidos políticos llevan la defensa de los derechos de los hipotecados en diferentes grados y con diversas propuestas en sus programas electorales, no es menos cierto que esas propuestas desvelan una gran falta de conocimiento y un alto desinterés. En buena medida, las ofertas electorales resultan confusas, contradictorias y de gran diversidad, lo que las convierte en inconcretas y, presumiblemente, inaplicables.

Así, sobre el problema de los embargos hipotecarios, una situación que afecta a cientos de miles de familias y, por tanto, a millones de votantes, se pueden encontrar medidas contradictorias, como la del Partido Popular (PP) que propone elevar “el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble” y en otro apartado ofrece “el fortalecimiento de los títulos ejecutivos” (incluye las hipotecas), lo que reforzaría las facultades de los bancos frente a los consumidores.

Entre las medidas populistas y que provocan confusión y perplejidad entre los consumidores se encuentra la del PSOE, que establece la “prevención y protección frente a las situaciones de sobreendeudamiento de los particulares y a los embargos hipotecarios” y plantea realizar una “dación en pago pactada equilibradamente”, como si eso fuera posible en una relación tan descompensada entre las entidades financieras y los consumidores.

Capítulo aparte merecen las propuestas ambiguas y difusas que permiten, por ejemplo al PSOE, establecer la obligación de que la banca oferte “productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado”, aunque no concreta la forma en que se realizará esa exigencia, ni el coste que tendrá.

El resto de las propuestas de las formaciones políticas, se mueven entre cometer errores de bulto, como es el caso de Izquierda Unida (IU) que confunde desahucios con embargos; el de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que da una pincelada tan genérica que no permite conocer en concreto cuál es su oferta y la de Convergència y Unió (CiU) cuyas propuestas están exclusivamente dirigidas a favorecer a la banca.

Con todo, algunas fuerzas políticas han decidido dar un paso adelante en la defensa de los intereses de los consumidores, como es el caso de Coalición Canaria, que postula una moratoria hipotecaria en términos generales muy similar a la impulsada por ADICAE.

Ley de insolvencia personal

Pero lo más llamativo de los programas electorales, en especial en el caso de los dos grandes partidos políticos, es la propuesta de una futura “Ley de Insolvencia Personal” que serviría para paliar el problema de los procedimientos judiciales contra los consumidores sobreendeudados.

Tanto uno como otro partido, hacen referencia a dicha ley que para el PSOE establecerá “el reparto equilibrado de riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo”. Por su parte, el PP propone reformar la ley concursal para introducir “procedimientos de insolvencia de las personas físicas” y hacerlo con las “debidas garantías para evitar comportamientos abusivos”, lo que puede suponer que su actuación esté muy limitada.

Por otra parte, ninguno de estos partidos lleva a sus programas menciones concretas sobre las cláusulas abusivas hipotecarias, como los ‘swaps’ y las cláusulas suelo, si bien es cierto que muestran su disposición a actuar contra los abusos, aunque no concretan las fórmulas para hacerlo.

De hecho, el PP se apunta a la escurridiza estrategia que ha implantado en la Comunidad de Madrid y que se decanta por facilitar la información de los contratos a los consumidores, haciendo dejación de la defensa de sus intereses, en una relación tan desequilibrada como es la que se establece al contratar una hipoteca.

Finalmente, algunos partidos, como el PSOE, UpyD y CiU, se muestran partidarios de aumentar el control y la regulación sobre las empresas que establecen la tasación de activos a fin de evitar la reproducción de nuevas burbujas inmobiliarias, aunque sus propuestas son igualmente ambiguas.