El FROB ha otorgado 5.800 millones de euros a CAM con el objetivo de “estabilizar y garantizar la operativa normal del Grupo CAM para que este pueda cumplir con todas sus obligaciones frente a terceros”. Una vez más una entidad financiera debe ser rescatada con dinero público mientras, en las calles, cientos de miles de familias se ven abocadas a la pérdida de su vivienda, situación provocada en muchas ocasiones por la voracidad de las propias entidades bancarias en la creación y posterior explosión de la burbuja inmobiliaria.

Una vez finalizada la operación de ‘nacionalización’, la caja se adjudicará a la entidad que menos ayudas pida para ‘hacerse cargo’ de la CAM. Sería deseable que no se malvendiese y que el Ministerio de Economía y el Banco de España velasen por salvaguardar su obra social y el dinero de los pequeños ahorradores.

Hay que exigir responsabilidades

Es necesario que el Ministerio de Economía y el Banco de España depuren responsabilidades y abran expedientes sancionadores a los, hasta el 22 de julio, máximos dirigentes de la CAM. Desde su presidente Modesto Crespo, pasando por la directora general, Dolores Amorós, y hasta el último de los grandes directivos de la CAM, todos ellos deben pagar por sus errores. Por el momento el Banco de España, a través de sus servicios jurídicos, está estudiando las infracciones cometidas por los responsables de la entidad durante los últimos cinco años, por lo que también deberían exigírseles responsabilidades a sus anteriores directivos.

Uno de los errores más graves que ha cometido la CAM, como la mayoría de las entidades de crédito españolas, es su exposición a los activos inmobiliarios. La CAM puso varios granos de arena en la creación de la burbuja inmobiliaria y, en consecuencia, es una más de las culpables de la actual crisis financiera que sigue castigando a millones de españoles.

La entidad alicantina acumula 17.350 millones de euros en créditos a promotores y bienes inmuebles y, además, está presente en el capital de casi 70 promotoras. Teniendo en cuenta que su activo total asciende a 72.000 millones de euros, esto significa que casi el 25% de su balance corresponde a préstamos a inmobiliarias, viviendas y suelo adjudicado como consecuencia de impagos. A esto habría que sumarle los 20.100 millones de su cartera de hipotecas.

Una entidad que maltrata a sus clientes

Pero, además, si por algo destaca la CAM ha sido por el maltrato al que somete a sus clientes. Según la última memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España –año 2009-, Caja de Ahorros del Mediterráneo vio en dicho año cómo las reclamaciones de los consumidores en su contra crecían un 106’5%, convirtiéndose en la cuarta caja más reclamada en toda España. No solo eso sino que, además, sólo cumplía con las resoluciones del Banco de España sobre los informes favorables al cliente en un 25’9%.

La CAM es una de las cajas que más atentan contra los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros, ‘atacando’ especialmente a aquellos que tienen menos posibilidades de adquirir cultura financiera, como son los colectivos de inmigrantes a los que, entre otras cuestiones, aplican como índice referencial de las hipotecas el IRPH en lugar del Euribor. En líneas generales se trata de una entidad que exige demasiada vinculación para contratar una hipoteca –por ejemplo- y que ofrece información sesgada e interesada a los consumidores.

Hay que precisar que el dinero de los pequeños ahorradores, en principio, está garantizado. No obstante, aquellos consumidores que quieran más información sobre el futuro de los productos que tengan contratados con la CAM, pueden ponerse en contacto con las sedes de ADICAE en la Comunidad Valenciana, que ya han atendido a numerosos consumidores con dudas sobre el futuro de sus ahorros.