La sentencia condena sin tapujos a la empresa telefónica a cesar en el uso de estas cláusulas, suprimirlas en los nuevos contratos y a eliminarlas de los que tengan concertados y todavía las contengan. Pero sobre todo, y según reclamó ADICAE, condena a la operadora de telefonía a reembolsar el cobro indebido y a una indemnización con gastos e intereses.

La gran novedad de la sentencia es precisamente esto último: el resarcimiento. Se condena a Vodafone a pagar a todos los consumidores. Este ha sido el planteamiento que ADICAE ha defendido en sus macrodemandas, como las de cláusula suelo, además de reclamar un pronunciamiento expreso respecto a los consumidores que se incorporaron a la misma.

En definitiva, la sentencia contra Vodafone puede dar un vuelco judicial a los casos de abusos masivos. Se trata de una verdadera ejecución colectiva, ya que la sentencia no limita la petición de ejecución a favor de los demandantes personados, sino que lo extiende a favor de todos los consumidores a los que Vodafone (y Airtel) cobró la cláusula de cobro declarada nula.

Sin duda que la Audiencia Provincial de Madrid debería mirarse en el espejo de la Audiencia de A Coruña a la hora de pronunciarse en el recurso de la acción colectiva ya ganada por ADICAE en el juzgado mercantil 11 de Madrid (la macrodemanda de ADICAE), y que amparaba a todos los usuarios. Un pronunciamiento que urge para dar solución y respuesta a los miles de afectados que respaldan la acción colectiva.

Un pronunciamiento favorable acabaría con todas las demandas y disuadiría a los bancos (y a las empresas condenadas como Vodafone) de seguir con la actitud de desincentivar a los consumidores de su derecho a reclamar, frente a una realidad en la que los tribunales dan la razón a los demandantes pero a un ritmo muy lento, de uno en uno, cuando ya una sentencia colectiva que dictaminó el carácter generalizado y masivo del fraude.

La acción colectiva, impulsada y defendida por ADICAE como asociación de consumidores, es hoy en día imprescindible, como ya ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en su batería de propuestas para reforzar la protección al consumidor. En el caso de las cláusulas suelo se trata de la única vía para resolver las 200.000 demandas que ya se acumulan en los juzgados.