La protección al consumidor, arrinconada en los organigramas de gobierno

La reestructuración  ministerial llevada a cabo hace cuatro años pone de manifiesto el olvido de los consumidores y la garantía de sus derechos. La propia denominación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) así como la decisión de suprimir la Dirección General de Consumo, son todo un síntoma. Ésto se agrava con la creación de AECOSAN, donde se diluye al Instituto Nacional del Consumo en la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Organismos supervisores y  reguladores ineficaces frente a los fraudes colectivos

En su función supervisora, tanto Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han tolerado los recientes escándalos masivos como las “cláusulas suelo” y la colocación masiva de productos tóxicos de ahorro como “participaciones preferentes” o “deuda subordinada”. En ambos casos han demostrado su desinterés por proteger a los consumidores cuando no su connivencia con el comportamiento de las entidades de crédito. Esta misma actitud de descontrol se observa en los órganos que supervisan y regulan los servicios de interés general, claves para las economías domésticas. La creación de una Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia simplemente ha traído más confusión a este panorama.

Un procedimiento judicial colectivo eficaz, asignatura pendiente

Lamentablemente en España la acción judicial colectiva tiene demasiadas lagunas normativas y una actitud no del todo correcta y comprensible por parte de la judicatura y la abogacía. Pretender que los afectados por un fraude o abuso de consumo tengan que acudir a la justicia de uno en uno, supone una maniobra interesada y orquestada por las grandes empresas y en particular por el sector bancario con el fin de disuadirles y privarles así de un verdadero derecho de acceso a la justicia.

Reactivar el movimiento asociativo de consumidores

Tanto las organizaciones de consumidores como el modelo institucional de participación en órganos  consultivos siguen sin tener la relevancia y la fuerza necesaria capaz de representar y defender adecuadamente a los consumidores y sus intereses frente a las fuerzas cada vez mayores que tienen las empresas en el mercado.