Según avanzaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, la futura Ley de Rehabilitación ampliará las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios, y cooperativas de viviendas “para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservación”. Es decir, para constituir sociedades de pleno derecho en el sector, y acceder así con mayor facilidad a financiación, según su criterio.

Asimismo, se considerarán rehabilitaciones “todas las intervenciones sobre edificios existentes con independencia de que las mismas requieran proyecto o no”. Es decir, las obras menores también serán consideradas como rehabilitaciones, y optarán a las ayudas del sector público. Asimismo, se simplifica el sistema de votación de las comunidades de propietarios, que se rige por la regla de los tres quintos y en el que un sólo vecino podía bloquear alguna actuación.

Ahora las obras de rehabilitación destinadas a mejorar la accesibilidad –como los ascensores– requerirán una mayoría simple. Y sólo “el establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general” necesitará del voto de tres quintas partes, según públican diarios como Expansión. Es decir, se simplifican las trabas y los trámites burocráticos para la puesta en marcha de rehabilitaciones.

Exigencias y ayudas... O créditos

El problema estriba en que esta nueva ley será rigurosa en cuanto a exigencias de habitabilidad, exigirá mejoras en accesos, barreras arquitectónicas, ascensores y espacios comunes y eficiencia energética y de consumo. Pero no será tan clara acerca de cómo permitir que las comunidades con menor poder adquisitivo, que curiosamente coinciden con aquellas cuyos edificios son más antiguos, obtengan recursos y financiación suficientes para acometer sus obras. El Colegio de administradores de fincas de Madrid calcula que el 80% de las viviendas que necesitan remodelaciones no las acometen porque no tienen dinero para poder hacerlo.

Así que las soluciones son dos. Los programas públicos de subvenciones son insuficientes, denuncian los profesionales, con lo que podrían aumentar su dotación y llegar a más comunidades; será difícil, en plena época de reducción del déficit. Así que los administradores de fincas proponen el establecimiento de líneas blandas de crédito, préstamos auspiciados por la Administración a bajos intereses para costear estas rehabilitaciones. Pero, claro, los préstamos hay que pagarlos luego...