Desde 2007 la sangría hipotecaria no ha hecho más que avanzar: 293.142 lanzamientos -desahucios- según el Consejo General del Poder Judicial, a los que se unen los hechos en los juzgados de Primera Instancia -que solo se cuentan desde 2012 y ya fueron 76.724 en los primeros nueve meses-. ADICAE calcula que unas 600.000 familias han perdido su vivienda desde el comienzo de la crisis por culpa, entre otras cuestiones, de la voracidad de la banca. Una banca que quiere proyectar ahora una falsa imagen de conciencia social que nunca tuvo, tiene ni tendrá.

Ya está preparado el convenio del Fondo Social de Viviendas, por el que la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) cederán alrededor de 6.000 inmuebles para dar alojamiento a familias desahuciadas. Un convenio auspiciado además por los ministerios de Economía y Fomento y la Federación Española de Municipios. Estos inmuebles son independientes de los aportados al Sareb y no pueden tener un valor superior a 100.000 euros. La cantidad de pisos aportados depende del saldo de créditos de dudoso cobro que tengan contraídos por cada entidad.

¿Cómo solicitar estas viviendas?

Las condiciones para acceder a este fondo son realmente severas. En el momento en que se solicite la vivienda los ingresos de la unidad familiar no pueden superar tres veces el Iprem -1.600 euros mensuales- y ninguno de los miembros puede tener una vivienda en propiedad. Además el desahuciado debe tener 'especial vulnerabilidad' lo que, según el Gobierno, se traduce en pertenecer a una familia numerosa; a una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo; que haya un menor de tres años en la familia; que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente; que el deudor esté en paro y haya agotado sus prestaciones; o que haya una víctima de violencia de género en la familia. El hecho de tener que cumplir con los requisitos de especial vulnerabilidad del RD 27/2012 implicará que la mayoría de casos quedarán fuera de estas viviendas.

En este proceso tendrán gran importancia los ayuntamientos, que tendrán que redactar un informe a instancias de las entidades financieras en un plazo de 15 días en el que examinen la situación de las personas que podrían optar a estas viviendas, con el fin de priorizar casos concretos. Este sistema se pondrá en marcha el 31 de marzo, excesivamente tarde teniendo en cuenta la situación de exclusión social por la que pasan estas familias. Las solicitudes deberán ser dirigidas a las entidades y cada tres meses se asignará un número de viviendas.

Las entidades que aportan inmuebles al Fondo podrán colaborar con ONG´s para que participen en la comisión que decidirán la selección de personas que podrían acceder a estas viviendas, también podrán seguir de cerca el cumplimiento del convenio.

Habrá que tener en cuenta la ubicación de las viviendas y su estado de conservación, ya que pueden condicionar aspectos sociales y económicos de los inquilinos. Los tributos correspondientes a la vivienda, así como las obras de reparación tendrán que ser afrontados por el banco, los gastos por electricidad, agua, gas o teléfono serán asumidos por el inquilino.

El precio del alquiler podrá ir desde los 150 euros hasta los 400. Nunca podrá superar el 30% de la renta neta de la unidad familiar. La duración del contrato será de 2 años, aunque podrá prorrogarse un año más si las condiciones del inquilino no han mejorado y sigue cumpliendo los requisitos exigidos.

¿Cuantos inmuebles aporta cada banco?

Estimaciones realizadas por cada entidad antes de la firma del convenio. Todavía se desconoce el número de inmuebles que Novagalicia aportará al Fondo.

Como se puede comprobar las cifras de inmuebles que aporta cada banco son totalmente irrisorias. Según el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “es totalmente insuficiente que, después de unos 600.000 lanzamientos hipotecarios, la banca ofrezca ahora sólo unas 6.000 viviendas. Esto demuestra que no hay voluntad para solucionar el grave problema hipotecario por el que atraviesa España”. En este sentido ADICAE continúa exigiendo la aprobación de una moratoria hipotecaria de embargos y desahucios de, al menos, 3 años de duración. Nuestra asociación se ha dirigido en reiteradas ocasiones a los partidos políticos para promover su aprobación, y continúa con su campaña de recogida de firmas a través de Internet.