La Economía de los Consumidores

Domingo, 08 de Diciembre de 2019

ADICAE amplía la causa penal contra la CAM e implica al Sabadell, el Banco de España, la CNMV y el FROB

ADICAE incorpora en la querella y como parte central de los delitos denunciados toda la estrategia de comercialización fraudulenta de las cuotas participativas y participaciones preferentes, incluyendo el canje de preferentes por acciones impuesto por el Banco Sabadell. La querella presentada solicita nuevas imputaciones, como las del ex-Director General de Inversiones y Riesgos de la CAM, el ex-Director Territorial Norte de la CAM y los auditores de KPMG.

 

16-08-2012

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ADICAE ha presentado en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional una querella como acusación popular en la que amplía tanto los hechos  objeto de investigación como los delitos y los imputados.

La querella presentada por la Asociación, que está agrupando a afectados por las cuotas participativas y las participaciones preferentes como directos perjudicados, denuncia los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad de cuentas y balances, delitos relativos al mercado y los consumidores contemplados en los art. 282 y 282.bis del Código Penal y corrupción entre particulares.

En el texto registrado ya en el Juzgado ADICAE amplía los hechos denunciados en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se explicita cómo la comercialización de cuotas participativas (entre más de 54.000 pequeños ahorradores) y de participaciones preferentes (por más de 1.300 millones de euros) han sido elemento central en toda la estrategia de engaño que ha generado ingentes perjuicios a más de 100.000 usuarios.

Toda la operativa denunciada al respecto por ADICAE, y que incorpora también la última operación de canje de preferentes por acciones del Sabadell llevada a cabo por esta última entidad, pone de manifiesto un plan sistemático y premeditado para ocasionar un “engaño bastante” a los clientes, a sabiendas de la situación de auténtica insolvencia y quiebra técnica de la entidad.

La manipulación de las cuentas de la CAM y el proceso de descapitalización al que los querellados sometieron a la entidad son incorporados también en esta querella, que se completa con las diversas irregularidades detectadas por los servicios técnicos y jurídicos de ADICAE en el proceso de adjudicación de la CAM al Sabadell, en el que de forma inexplicable y en grave perjuicio de decenas de miles de consumidores se excluyeron productos tóxicos a los que la caja recurrió en su “huída hacia adelante”, y que ahora se enfrentan a graves pérdidas en sus ahorros.

En este proceso de adjudicación queda claro, según ADICAE destaca en su querella, cómo el FROB, el Banco de España, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de la Competencia y las propias autoridades europeas han “mirado para otro lado” en perjuicio de los afectados.

La querella presentada solicita nuevas imputaciones, como las del ex-Director General de Inversiones y Riesgos de la CAM, el ex-Director Territorial Norte de la CAM y los auditores de KPMG. La Asociación solicita la declaración de Josep Oliú, Julio Segura, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Luis María Linde, entre otros, ante la evidente responsabilidad del Sabadell y los supervisores en el proceso de traspaso del negocio de la CAM al Sabadell y en el histórico de la gestión de la entidad.

Con la finalidad de impulsar, además del esclarecimiento de lo sucedido, el resarcimiento de las víctimas, ADICAE está agrupando tanto a los ahorradores afectados por la fraudulenta comercialización de participaciones preferentes de la CAM, como a los cuotapartícipes  a los que de manera engañosa y fraudulenta se les “colocaron” estos productos. Para ello llevará a cabo asambleas informativas y ha habilitado un espacio específico en su web.  No en vano y a mayor abundamiento en beneficio de todos los afectados, el próximo septiembre ADICAE presentará igualmente acusación particular.

De esta forma, con la intención de buscar el resarcimiento de los mismos ADICAE se persona en el procedimiento contra la CAM tras la decisión del FROB de liquidar la entidad sin amortizar las cuotas participativas, valorándolas a cero.

 

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