Desde que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fuese tomando el control de las entidades financieras de nuestro país, la factura no ha hecho más que agrandarse en forma de millonarias indemnizaciones con las que los altos directivos de las cajas de ahorros ven ‘premiada’ su labor en el hundimiento financiero de las cajas intervenidas por el Estado.

En la CAM la salida de Roberto López Abad, ex director general de la entidad, supuso un desembolso de 5’8 millones de euros. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la lista de millonarias indemnizaciones del ERE planteado por la caja.

Ahora las prejubilaciones de varios altos ex directivos de Novacaixagalicia han pulverizado este record. La caja gallega, que ha recibido 2.465 millones por parte del Estado –que controla el 93’16%- y que ha sido denunciada masivamente por ADICAE por el escándalo de los swaps, ha pactado también indemnizaciones millonarias. Ante la llegada de José María Castellano y César González-Bueno, como nuevo presidente y consejero delegado, el anterior equipo ejecutivo pidió su prejubilación. Entre la indemnización y el seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta el fallecimiento del ejecutivo, la entidad ha destinado 23,6 millones para hacer frente a la salida de tres altos ejecutivos.

De esta manera, según indican varios medios de comunicación especializados en economía, a José Luis Pego, ex director general, le ha correspondido una indemnización de 10,8 millones por prejubilarse a los 54 años; al exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. Otro responsable, el ex director general adjunto de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, ha recibido 700.000 euros como indemnización, y además cobrará una pensión vitalicia.

Las multas siguen siendo ridículas

El FROB, al igual que en la CAM, investigará los detalles jurídicos de los acuerdos firmados justo antes de la intervención, pero es muy complicado que los directivos mencionados devuelvan las cantidades cobradas que, en principio, se encontrarían detalladas en contratos legales.

Es aquí donde radica el problema. Mientras los altos ejecutivos de las cajas de ahorros intervenidas obtienen sustanciosas indemnizaciones por sus despidos, las sanciones apenas pueden llegar a los 500.000 euros. Hasta ahora sólo se ha sancionado a los máximos dirigentes de las quebradas Caja Castilla La Mancha y Caja Sur. Por dar cifras, al señor Hernández Moltó -ex presidente de CCM- se le sancionó con 150.000 euros -cuyo rescate exigió pagar más de 4.000 millones de euros-. Para el sacerdote que presidía Caja Sur la multa fue de 180.000 euros -el FROB financió la absorción de esta caja por BBK con 392 millones de euros-. Hubo otras sanciones para el resto del miembros de los Consejos de Administración de ambas entidades, pero en sendos casos la suma total es vergonzosamente ridícula.

Las cifras han “aumentado” tras la reforma introducida por la Ley de Economía Sostenible: de 150.000 a 500.000 euros... Estas cifras ridículas evidencian la necesidad de ahondar en la petición de responsabilidades, evaluándose el perjuicio social y económico que causan. Además hay que considerar la responsabilidad del Banco de España a través de sus dos últimos gobernadores, quienes fueron plenamente conscientes de la “bola de nieve” que iba formándose con la burbuja del crédito, y que fue consentida, pese a que la normativa le otorga funciones y poderes concretos que nunca ejerció.