El texto propuesta de Real Decreto Ley que los equipos jurídicos y económicos de la Asociación han elaborado ha sido presentado ante la Oficina Económica del Gobierno, al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso así como a la Ministra de Economía Elena Salgado y a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. También ha sido presentado en una multitudinaria rueda de prensa, que ha podido seguirse también a través de Internet.

Una solución urgente, posible y eficaz

La propuesta hecha por ADICAE consiste en una moratoria hipotecaria, que con voluntad política puede ponerse en marcha antes del 20N, o incluso antes del 30 de septiembre (fecha en que se disuelven las cámaras), ya que se trata de una propuesta excepcional y urgente. Las propuestas de ADICAE son razonables y el coste es razonable. No puede haber más excusas.

Además, ADICAE propondrá al 15M (movimiento en el que participa activamente) una movilización para impulsar cambios en la normativa hipotecaria y, en particular, para que el Gobierno y la clase política impulse esta solución inmediata y de urgencia.

No puede tolerarse el continuo olvido del gobierno hacia los consumidores afectados

Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora ha sido eficaz frente a los problemas de endeudamiento de las familais (como la “moratoria voluntaria” creada por el Gobierno en 2008). Es más, las últimas medidas aprobadas el pasado martes en el Congreso han vuelto a olvidarse de los consumidores y los grandes partidos han demostrado un gran desinterés al respecto como se demuestra en la creación de una Subcomisión Hipotecaria en el Congreso cuya eficacia aún está por ver.

La única opción eficaz, que alivie la peligrosa situación económica en que se encuentran numerosas familias, es una moratoria como la que propone ADICAE, con acceso universal (para quien lo necesite, cumpla unos requisitos tasados y lo acredite, por circunstancias sobrevenidas), regulada (no discrecional al antojo de bancos y cajas), justa y adecuada a la situación económica familiar.

Quién puede solicitar la moratoria

La moratoria se dirige a aquellas personas con un préstamo o crédito hipotecario para su vivienda habitual (de hasta 200.000 euros) que se encuentren en dificultades económicas que les impidan objetivamente afrontar los pagos. El objetivo es que, durante al menos tres años, puedan suspender el pago de las cuotas (incluidos los intereses) o ajustarlas a su capacidad de ingreso. De esta forma, se impiden los procedimientos de ejecución hipotecaria que dan lugar a los embargos, durante ese periodo. Transcurridos tres años, el ICO, organismo público dependiente del Estado, puede alargar el plazo de Moratoria si la situación familiar así lo requiere.

Un aplazamiento de pago siempre ajustado a las necesidades de las familias

Durante este plazo de tiempo el ICO se hará cargo del pago de los intereses y transcurrido el mismo puede solicitarlos al consumidor, si su situación económica lo permite, o perdonárselos. Durante este plazo de tres años se supende el pago del capital, que el consumidor abonará en las formas que determine el ICO según la capacidad económica del afectado. No obstante, evaluada la capacidad de generar recursos del consumidor que solicite la moratoria, el ICO puede establecer que page una parte de la cuota hipotecaria, pero siempre ajustado a las necesidades económicas de las familias solicitantes. Hay que recordar que una de las funciones del ICO es la de “contribuir a paliar los efectos económicos producidos por situaciones de grave crisis económica” El texto presentado por ADICAE prevé una pequeña modificación de la normativa que rgula el ICO (de 1999) para atribuirle expresamente estas funciones.

Como ventaja añadida es que ADICAE propone que los interese de demora devengados hasta el momento de la concesión se reduzcan hasta el 2,5% del interés legal del dinero, como ya recoge la ley de crédito al consumo, para evitar aplicación de tipos excesivos y abusivos (de hasta un 25%)

La sociedad española a la espera de la ILP de ADICAE

A esto hay que sumar, además, la ILP que ya presentó ADICAE a la Mesa del Congreso y para la que, hasta el mes de septiembre, no habrá respuesta. En ella se plantea una “Dación en pago a la española” que solucione los problemas de injusticia que plantea la Ley de Enjuiciamiento Procesal a los consumidores, mediante un proceso ejecutivo justo y no provilegiado para la banca y adaptado a nuestra normativa.