Más de 300.000 pequeños ahorradores vieron desaparecer sus ahorros de un plumazo el pasado 7 de junio de 2017 y en agosto pasado la JUR les confirmó que no recuperarían nada. Para poder presentar alegaciones se abrió un plazo en un mes que España, casi al completo está de vacaciones sin apenas publicidad.

Tal y como se temía ADICAE, el plazo ofrecido por la JUR (Junta Única de Resolución), responsable de la resolución del Banco Popular, ha resultado totalmente insuficiente para que los más de 300.000 mil bonistas y preferentistas, que vieron desaparecer sus ahorros en una más que sospechosa operación de venta del banco, pudieran solicitar unirse al proceso de alegaciones.

La asociación presentó, pese a las dificultades planteadas por el organismo, una solicitud de ampliación del plazo para inscribirse y poder presentar alegaciones. Solicitud que fue rechazada y que ha dejado sin posibilidad de presentar su queja a decenas de miles de afectados.

Además, de esas 12.000 solicitudes, la JUR aún se reserva el derecho de admisión que les permitiría formular sus alegaciones a partir del próximo 6 de noviembre durante 3 semanas.

La JUR se ha posicionado junto a la banca y contra los consumidores boicoteando su derecho de presentar alegaciones de forma justa ante la resolución de un banco que, cuando menos, tiene muchas sombras y oscuridades aún por descifrar.