ADICAE considera que está acreditada la deficiente operativa de las instituciones europeas en la aplicación de la regulación al respecto, la falta de rigor y de voluntad y de defensa del mercado y los consumidores del Banco de España y la necesidad de establecer una medida de corrección a todo el abuso que se ha sometido a cientos de miles y usuarios.    

El Santander aprovechó hace un año la indefensión de miles de pequeños accionistas en España para tratar de hacer negocio y ‘engordar’ su balance a costa de los ahorros de miles de familias mientras, de cara a la galería, aseguraba haber salvado al Popular y evitar una intervención pública. 365 días después podemos afirmar que la oscuridad, la premeditación y la falta de transparencia en esta operación fueron indiscutibles. 

El presidente Manuel Pardos acusa al Santander de utilizar una dudosa legalidad europea para realizar una operación que en ningún momento pensó en los pequeños accionistas. ADICAE se muestra muy crítica con el Banco de España, la CNMV y el ministerio de Economía que se lavaron las manos y dejaron tirados a los inversores.

Con nocturnidad y alevosía, lo que se hizo fue dejar que fueran los ahorradores (pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital, y aquellos que compraron deuda subordinada) quienes asumieran las pérdidas sin que se les diera una alternativa viable. A cambio el Santander ofreció a 300.000 accionistas los llamados ‘bonos de fidelización’ que iban acompañados de condiciones claramente abusivas y que para ADICAE pretendían solventar el ‘marrón’ del Popular con un producto de altísimo riesgo y con muy poca rentabilidad, que apenas llegaba a un 1%.

La caída del Popular, con un problema claro de solvencia y liquidez, dejó claro que se debe huir de triunfalismos y que es falso el mensaje de que el origen de los problemas del sector se circunscribía a las cajas de ahorros y de que se hayan superado los problemas que generaron la crisis financiera, como ha reconocido el mismo Banco de España en su último informe.   

ADICAE puso en evidencia  en la última junta de accionistas del Popular la situación lamentable que vivía la entidad, que ya venía de antes de 2015, y los riesgos a los que se enfrentaba. La ampliación de capital fue una captación indiscriminada de dinero de clientes y accionistas a la que  se acudió  con una información que se no se correspondía con la realidad del banco.  Es difícil de comprender cómo  se pudo realizar dicha operación bajo la supervisión del Banco de España. 

Los administradores sabían que no podían cumplir con las promesas realizadas, por eso ADICAE presentó una querella contra 17 directivos del Banco Popular por hasta cinco delitos: estafa a los inversores, falsedad de cuentas, administración desleal, un delito contra el mercado de valores y otro de información privilegiada.

La dudosa legalidad europea que utilizó el Santander para la compra del Popular se está revisando. “Se ha hecho un experimento bochornoso con España. Todo va muy lento, pero las denuncias de ADICAE, como organización representativa de estos pequeños ahorradores, tanto en la Audiencia Nacional como en la Unión Europea, acabarán fructificando”, asegura Pardos. En este sentido, es llamativo que el Banco Santander tiene miles de millones preparados para responder de esta dudosa legalidad, según apunta el presidente de la asociación.