A pesar de los varapalos judiciales a la injusta e ilegítima legislación hipotecaria española, tanto de los tribunales españoles como los europeos, la banca y el Gobierno se resisten a cambiar una normativa ya rechazada por todos los sectores implicados, ni tan siquiera, respeta los avances que la Directiva Europea de Hipotecas trata de introducir.

El Ministerio de Economía, dirigido por el señor De Guindos, acapara la redacción de la nueva ley en descarada connivencia con la banca, obviando el rechazo de los representantes de la Justicia española. Los magistrados ya han mostrado abiertamente sus críticas a las medidas de este Anteproyecto de tanta trascendencia jurídica para los consumidores.

En realidad, como se ha demostrado en la extraña comparecencia de ayer, manteniendo el secretismo del Anteproyecto, las dos medidas más novedosas son un servicio del señor De Guindos a un Mercado hipotecario perverso y contradictorio con los gravísimos problemas padecidos en España con las hipotecas:

1- El intento de la banca de reconducir todas las hipotecas posibles a tipos fijos, mediante tópicos engañosos cuando no engaños como los tipos mixtos (10 años con tipos fijos a 21 veces el euríbor actual y el resto del plazo al albur de elevados diferenciales arbitrados exclusivamente por la banca).

2- La intervención de los notarios para legitimar los fraudes hipotecarios a los consumidores mediante unas supuestas acta firmadas por el usuario que solo servirían para proteger a la banca de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales.

ADICAE advierte que el Anteproyecto presenta graves lagunas en esta materia y critica que el Gobierno aún mantenga al consumidor en graves situaciones de vulnerabilidad frente a las entidades financieras y ha presentado hasta 47 alegaciones al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios para evitar por todos los medios la promulgación de una legislación criminal para los consumidores y para la economía española.

Con esta modificación legislativa, el Gobierno está desaprovechando la ocasión que brinda la primera directiva sobre crédito hipotecario en la UE para conseguir una verdadera normativa hipotecaria que, por primera vez, defienda los intereses de los consumidores.