Pese a los anuncios de que hoy viernes 30 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaría alguna medida para facilitar la devolución a todos los hipotecados de las cantidades indebidamente pagadas por las cláusulas suelo, finalmente el Gobierno ha pospuesto cualquier iniciativa para más adelante.

Esta circunstancia se produce en un contexto de creciente confusión entre los afectados, una confusión que parte de una banca que, tras incumplir la legislación durante años y defraudar a los hipotecados, se mantiene en una posición 'cerril' que expresa su carácter 'criminal' y pone de manifiesto su nula voluntad de asumir lo que la Unión Europea, el Tribunal Supremo, y múltiples sentencias en toda España han dejado claro: todas las cláusulas suelo adolecen de falta de transparencia y son nulas.

Y lo son, no porque se haya declarado abusiva la propia naturaleza de la cláusula, sino la forma abusiva y no transparente en que todas fueron comercializadas. La Justicia -empezando por cinco sentencias del Tribunal Supremo- así lo ha demostrado de forma contundente tras analizar los contratos tipo que se comercializaron, contratos de adhesión en los que la entidad no daba lugar a la negociación.

Muestra de ello es que el propio Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, en la sentencia dictada en la macrodemanda impulsada por ADICAE, haya analizado las cláusulas suelo de 101 entidades y concluido que en todas ellas concurren las condiciones para ser declaradas nulas, extendiendo esta consideración a cualquier cláusula que fuese "sustancialmente igual" a las analizadas.

Para ADICAE es evidente que en este contexto de confusión las demoras en la adopción de iniciativas razonables benefician a la banca, que apuesta por la judicialización del problema a sabiendas que en esas condiciones solo un pequeño porcentaje de los afectados reclamará los derechos que tiene reconocidos. En otras palabras, la banca ha hecho números y considera que lo que le interesa es discutir en los tribunales el asunto, aun a sabiendas de que cada discusión obtendrá un mismo resultado: la nulidad de la cláusula y la devolución íntegra de lo defraudado.

En el fondo la banca se parapeta en un falso debate sobre el carácter transparente de sus cláusulas, en cuestiones más que zanjadas por la Justicia, con el único objeto de confundir a la ciudadanía y la sociedad y así 'escurrir el bulto'.

ADICAE seguirá urgiendo a las fuerzas políticas a impulsar e implementar fórmulas extrajudiciales que eviten que se emplace a los afectados a los tribunales como única vía para garantizar el respeto a sus derechos y obtener un resarcimiento ya declarado por la justicia, reiterando la necesidad de que el enfoque de cualquier medida se guíe por el carácter universal, colectivo y rápido y que se dote de las suficientes garantías para evitar un nuevo engaño sobre el que viene cometiendo la banca desde hace años en este asunto, contando para ello con las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que hasta el momento no han sido llamadas al diálogo y a la búsqueda de soluciones pese a representar al conjunto de los hipotecados.