Sin embargo, la evolución de este tema como meramente “político e institucional” que se está produciendo, nos lleva en estos momentos a precisar las implicaciones del derecho a decidir y de la independencia de Cataluña desde perspectivas económicas y sociales. 

La dimensión económica para los consumidores

Un nuevo Estado requiere una nueva moneda cuyo valor vendría clásicamente respaldado por su capacidad productiva. Sin embargo, la globalización financiera y las uniones transnacionales hacen que dependa de otros factores. Hoy día el valor de la moneda sirve en la práctica para adquirir bienes y servicios en mercados exteriores así como para financiarse y atraer inversiones. El sistema establecido responde a una estructura cuyo stato quo escapa al control de los Estados y resulta difícil de modificar.

El problema se plantearía en términos de credibilidad de la moneda nueva, una cuestión que resulta ajena a los propios ciudadanos y consumidores. Habría riesgo de fuga de capitales si existe desconfianza ante un incierto panorama económico o incluso ataques por parte de sectores interesados en desestabilizar. De entrada todo parece indicar que fuera de la UE el desarrollo económico resultaría más incierto. Por ello, la lucha contra los aspectos negativos de estas políticas es necesario afrontarla de manera conjunta la sociedad civil al margen de fronteras, y máxime ante la debilidad del movimiento consumerista.

El riesgo de inflación

En 2014 el PIB catalán era casi de 200.000 millones de euros, de los que más de la mitad corresponde a operaciones con el exterior, incluida en esta hipótesis España. El resto del PIB correspondería a consumo e inversiones internas de instituciones, ciudadanos y consumidores catalanes.

El riesgo es que terceros países establezcan aranceles para los productos catalanes, ya que, como nuevo Estado, Cataluña no tendría de momento tratados comerciales. Como respuesta Cataluña podría introducir barreras de entrada a productos de estos países aplicando tasas arancelarias que acarrearían sobrecostes. Cabría un riesgo de inflación, dado que  los precios de las importaciones aumentarían, lo que incrementaría el precios de los bienes de consumo, costes de transporte y energía.

El reto del movimiento de consumidores en Cataluña

La oportunidad política de nuevas instituciones y mejores leyes para los consumidores dependerá absolutamente de su propia fuerza, ya que el empresariado catalán no se va a preocupar por ello. Y por ello es lícito preguntarse, como preocupación fundamental de ADICAE, si el movimiento consumerista en Cataluña es hoy una fuerza colectiva capaz de imponer sus derechos e intereses ante un hipotético nuevo nuevo Estado propio. Si la respuesta es negativa, las expectativas de cambio y transformación se difuminarán engullidas por otros intereses y los consumidores volveremos a estar tan ninguneados como hasta ahora en España.

Ni España, ni la UE como entes políticos territoriales han sabido dar solución a los problemas de los consumidores. Para construir un futuro económico y social al servicio de los intereses de la ciudadanía y las personas consumidoras hay que iniciar  un cambio transformador de los consumidores.