Según la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada -formada por representantes del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Ministerio de Economía-, el 14 de marzo de 2014 se habían iniciado un total de 12.546 procesos judiciales contra la venta indebida de participaciones preferentes y otros productos complejos por parte de Bankia, Catalunya Caixa y NovacaixaGalicia Banco. En total se están intentando recuperar en los juzgados alrededor de 838 millones de euros.

Ya han finalizado cientos de demandas en los juzgados de primera instancia de varias ciudades españolas, por un importe global de 51 millones de euros, de las que un 79% tuvieron una resolución judicial favorable a los consumidores afectados, y solo un 6% a favor de la entidad. En el resto de procedimientos hubo desestimientos por parte de los afectados, por lo que es probable que en la inmensa mayoría se llegara a acuerdos extrajudiciales.

De estas tres entidades rescatadas por el Estado, que son las únicas de las que hay datos oficiales por lo que el volumen de demandas global es mucho mayor, Bankia es la que se lleva la palma en cuanto a actividad en los juzgados, con 7.492 demandas recibidas por un total de 568 millones de euros. Se han finalizado 332, de las que un 87% tuvieron resolución judicial favorable a los afectados y un 11% a la entidad.

En el caso de NovacaixaGalicia Banco se recibieron 3.810 demandas por un importe de 214 millones de euros, finalizándose 450 de las que un 59% fueron favorables a los afectados y solo un 1% a la entidad financiera. Y respecto a Catalunya Caixa, recibió 1.244 demandas por un importe de 56 millones de euros, finalizándose en primera instancia demandas por un global de 10 millones de euros, de las que un 82,8% tuvieron resolución judicial favorable a los afectados y solo un 3,6% a favor de la entidad.

ADICAE sigue luchando por una solución colectiva

Desde que estalló el caso de la comercialización masiva y fraudulenta por parte de la banca de las participaciones preferentes, un total de 28.815 consumidores han entrado a formar parte de la Plataforma de Afectados por Preferentes de ADICAE, que ya ha interpuesto 35 demandas en toda España. 

Nuestra asociación ya ha conseguido éxitos judiciales frente a la venta indebida de preferentes de Bankia -3 sentencias ganadas-, Caja de Ahorros de Santander y Cantabria -2-, BBVA, Eroski, Catalunya Banc y Novagalicia Banco; y frente a la comercialización indebida de deuda subordinada por parte de Novagalicia -2 sentencias- y Liberbank -otras 2-.

Varios juzgados respaldan la tesis de ADICAE de que la acción colectiva es perfectamente posible en este tipo de casos. Así, en la sentencia 186/2013 del juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil 1 de Cáceres, contra Liberbank, se indica que “como tutela colectiva que es, considerando que la legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores y usuarios está íntimamente ligada al objeto del proceso, debe probarse que están afectados los intereses colectivos de los usuarios afectados, y así ha sido, no sólo por la prueba aportada por la demandante, sino porque la entidad demandada no ha aportado ninguna prueba al respecto, limitándose a negar los hechos”.

La mayoría de las sentencias analizadas por ADICAE destacan que en la comercialización de las participaciones preferentes hubo más que una deficiente información, y que muchas de las suscripciones fueron producidas en virtud del traspaso del dinero en depósitos a plazo o a la vista. La mayoría de estas sentencias han declarado nulos los contratos por falta de información.

Pretender que los consumidores perjudicados, ya castigados por los efectos del propio fraude, tengan que acudir a la vía judicial de uno en uno y con el carnet en la boca, es una maniobra urdida por el sector bancario. En España está habiendo grandes problemas muy notorios como las participaciones preferentes o las cláusulas suelo pero también otros muchos como los relativos a la telefonía, la energía y otros grandes sectores, que ni el Gobierno, ni el Parlamento ni los Tribunales están resolviendo. Si los consumidores son emplazados a acudir uno a uno de manera individual a los tribunales es que no hay justicia.