Más de diez millones de hipotecados en España están asistiendo estupefactos a la ceremonia de la confusión auspiciada por los poderes financieros para no resolver la injusticia del sistema hipotecario español.

Según el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, las intenciones de la banca y estas medidas “no supondrán ninguna solución efectiva porque el problema no son los desahucios ni los muy lamentables suicidios, sino las hipotecas y la banca. Lo que hay que hacer es reformar en profundidad el sistema hipotecario español y esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos no se han atrevido a hacer”.

Para Manuel Pardos “la dación en pago no es una solución real y efectiva porque la pérdida de la vivienda es dramática para una familia y el Real Decreto aprobado hoy sólo habla de desahucios y por tanto de viviendas ya perdidas. La situación actual requiere cambios en profundidad, pero se está confundiendo a la opinión pública y a los hipotecados con falsas expectativas y soluciones que pueden prolongar indefinidamente los problemas”.

La solución sólo puede ser una moratoria hipotecaria inmediata y perfectamente legal, como se ha hecho en otros muchos países con crisis hipotecarias

PP y PSOE podrían, si quisieran, solucionar de raíz todos los problemas de un sistema hipotecario anticuado, leonino y abusivo y, lo que es más importante que los desahucios, los embargos y ejecuciones hipotecarias, que son la raíz del problema, mediante una moratoria de embargos y ejecuciones por 3 años, prorrogable, que pueden aprobar en cualquier momento por Real Decreto Ley. Esta medida haría justicia a todos aquellos hipotecados víctimas de la crisis y del abuso de la banca y sería muy beneficiosa para la economía española y hasta para la propia banca, prácticamente en quiebra por el problema inmobiliario.

ADICAE se dirigirá una vez más a los grupos parlamentarios, como ha hecho en los últimos 4 años, solicitando que impongan la moratoria como única solución efectiva y se decidan de una vez a no dejar pasar el tiempo para tomar las medidas que el propio Gobierno ha anunciado como posteriores, para lo cual la Asociación ha trasladado textos y propuestas que sólo son complicadas para aquellos que no quieren aplicarlas, como la banca.

Análisis de las medidas anunciadas por el Gobierno de protección al deudor hipotecario

La denominación “medidas urgentes de protección al deudor hipotecario” dada por el Gobierno a sus propuestas es completamente falsa. No se protege de verdad al “deudor hipotecario”, es decir a 10 millones de consumidores con hipoteca, sino a un colectivo muy minoritario que además debe cumplir unos requisitos estrictos y enrevesados cuya aceptación definitiva queda en manos de los propios bancos. Estas medidas deben además ser complementadas por otras de carácter económico y financiero, lo que hace más difícil su acceso para un afectado.

Éstas medidas sólo actúan cuando la banca ya se ha apropiado de la vivienda. Es decir, no hay ninguna paralización a los embargos, ninguna medida verdaderamente paliativa que permita renegociar con garantías la deuda o denunciar las condiciones abusivas del préstamo que eviten el inicio de este procedimiento. Sólo trata de demorar el desalojo de la vivienda de los afectados, pero la vivienda ya es propiedad
del banco (o del “banco malo” si finalmente lo traspasa a éste).

Estas medidas no evitan la aplicación del actual procedimiento ejecutivo. Los consumidores en situaciones de riesgo de impago deben afrontar un procedimiento ejecutivo ilegal, como ha advertido Europa. A tenor de este hecho ADICAE denunciará esta situación por cada procedimiento ejecutivo que se inicie con la
actual normativa procesal.

No se ha dado una inmediata solución a los tipos de interés de demora en el procedimiento de ejecución hipotecaria. La referencia a una futura regulación que los limite hace prever que no se apliquen de manera retroactiva, por lo que el inicio de muchos procedimientos de embargo, o los ya en curso, seguirán aplicándose unos tipos que ya se sabe que son abusivos. Por tanto, se produce una situación de desequilibrio e inseguridad entre los consumidores.

El establecimiento de “límites a la compraventa de vivienda” anunciada como otra medida a a adoptar se establece para un marco económico de restricción del crédito y de probable abaratamiento paulatino del precio de la vivienda. Por tanto, no supone una medida de política legislativa de protección al consumidor, sino una mera consecuencia de la situación actual.

Las medidas anunciadas previstas para las tasadoras no contemplan la exigencia de responsabilidades por su actuación a la hora de valorar las viviendas de los consumidores. El Gobierno reconoce así que las tasadoras, dependientes de las entidades de crédito, han sido un factor clave a la hora de inflar el precio de la vivienda.

Ahora, al enfrentarse a un procedimiento ejecutivo, el consumidor debe hacerse cargo de las consecuencias de esas tasaciones excesivas y afrontar el pago de una deuda valorada muy por encima de su precio real. Las medidas previstas no han tomado en consideración esta circunstancia de responsabilidad de las tasadoras para modular los actuales procedimientos ejecutivos en marcha.

Muchas de las situaciones descritas- discapacidades, dependencia, etc.- muy previsiblemente no mejorarán con el transcurso de ese plazo de dos años por lo que la continuidad de los consumidores en la vivienda quedará al arbitrio del banco, ya propietario de la vivienda.

Las propuestas no aclararon al menos los aspectos fundamentales del pretendido “Fondo Social de Viviendas”: a quién va dirigido y el precio de alquiler, que en todo caso debería ser adaptado y adecuado a las necesidades concretas de las personas que lo necesitan. Sólo se habló de “alquiler social reducido”. Si los consumidores que han perdido su vivienda carecen de recursos, difícilmente van a poder cumplir con el pago de un alquiler a un precio prefijado sin tener en cuenta las circunstancias puntuales y adaptadas del caso.