Una jueza de Cambados (Pontevedra) ha obligado a Novagalicia Banco a devolver 7.560 euros a un cliente que "no fue debidamente informado de las características de riesgo" de unas participaciones preferentes adquiridas en 2008. La jueza ha estimado  la demanda interpuesta por el afectado y considera "nulo" el contrato de compra "por error del consentimiento" y porque "al demandante se le ofertó engañosamente un producto que supuestamente" cumplía las condiciones de "liquidez inmediata" que el cliente había solicitado como "determinante" para suscribirlo. La sentencia dictamina que queda probado que el demandante "no fue debidamente informado de las características de riesgo alto y posible iliquidez que presentaba el producto en cuestión".

Una sentencia que corresponde casi en la totalidad a las peticiones que ADICAE lleva exigiendo desde hace mucho tiempo. “Esta sentencia significa muchísimo, es un caso individual pero reafirma que las entidades financieras no pueden vender productos de alto riesgo como las preferentes o con una complejidad financiera grande” explica el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, en declaraciones efectuadas a RNE.

”Va a haber un rosario de sentencias”

El presidente de nuestra asociación avisa de que, en los próximos meses, “va a haber un auténtico rosario de sentencias individuales y colectivas. Hay más de un millón de familias de más de 52 entidades denunciadas y esto no se puede hacer de manera individual siempre”. ADICAE, que aglutina a decenas de miles de afectados en su plataforma, espera que el Gobierno tome cartas en el asunto para darle una salida digna al corralito de las preferentes. “Al menos debería ser así en los bancos nacionalizados”, apunta Pardos.

Para el secretario general de ADICAE, Fernando Herrero, “jurídicamente los afectados tienen todas las de ganar, aunque esta sentencia no es vinculante. Estamos ante un fraude masivo, no puntual, no concreto y no específico de unos pocos afectados. Por eso creemos que es necesaria una solución extrajudicial urgente, no se puede emplazar a un millón de familias a los juzgados”, indica.

Fernando Herrero resalta que ADICAE está “a punto de presentar una batería de reclamaciones judiciales, dado que no hay otra salida. Debería ser posible que, desde el plano político, se impulsara que las entidades se avinieran a algún tipo de diálogo que plantee una solución justa. Y también en el plano legislativo pedimos soluciones prácticas para los que ya son víctimas de este fraude. Vamos a explotar todas las vías paralelamente”.