La Economía de los Consumidores

Habitualmente el Defensor del Pueblo siempre ha intentado velar, en la medida de sus posibilidades, por la protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros. En años anteriores, por ejemplo, ha tachado de inoperante al Servicio de Reclamaciones del Banco de España o ha pedido una moratoria hipotecaria similar a la planteada por ADICAE. Sin embargo, ahora, se ha quedado corto en cuanto a la comercialización de productos financieros de alto riesgo.

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España que apliquen un sistema que clasifique los productos financieros por su riesgo y complejidad. Para Cava de Llano, un sistema efectivo podría ser, por ejemplo, un código de colores como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.

Entre otras propuestas, también plantea que las entidades elaboren una ficha informativa para cada producto, que se elabore un contrato tipo de intermediación –por parte de los organismos reguladores- en la compraventa de productos financieros.

Investigación y denuncia, las vías correctas

Se trata de propuestas hechas con buena intención y que podrían llegar a ser efectivas, pero que en la realidad se quedan cortas. Algunas entidades, como el Banco Santander, ya pusieron en su momento un código de colores en la información de algunos contratos –como fondos de inversión-, los contratos de intermediación ya existen también en muchos casos y, por supuesto, las fichas informativas.

En opinión de ADICAE la Defensora del Pueblo debería ahondar más en el impulso de medidas legales que impidan la comercialización de productos tóxicos de ahorro, que la Banca tiene cada vez más interés en colocar entre los consumidores. En este sentido, animamos a la Defensora del Pueblo a seguir la senda de la investigación de oficio ante la CNMV que ha abierto en el caso de las participaciones preferentes y esperamos que este tipo de investigaciones se amplíen a todos los productos tóxicos de ahorro comercializados por la Banca española.