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ADICAE velará por los derechos de los accionistas minoritarios en la integración de Banco Popular y Banco Pastor

Tras el anuncio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la toma de control del Banco Pastor por parte del Banco Popular, ADICAE vigilará dicho proceso para asegurarse de que se respeten los derechos de los accionistas minoritarios.

10-10-2011

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El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha advertido que la asociación vigilará el proceso de toma de control del Banco Pastor por parte del Banco Popular para que se respeten los derechos de los accionistas minoritarios.

La integración fue anunciada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de ambas entidades. La oferta lanzada por el Popular supone el canje de 1,115 acciones de nueva emisión por cada acción de Pastor y de 30,9 acciones de nueva emisión del Popular por cada obligación necesariamente convertible del Pastor.

Los pequeños accionistas no han tenido voz en la decisión

Dicha oferta está condicionada al compromiso irrevocable de aceptación de los accionistas del Pastor que representen al menos el 50,1% del capital social. Los tres mayores accionistas de Pastor, la Fundación Barrié (42,1% del capital), Amancio Ortega (5%) y la sociedad Tesalia (5%), ya superan esta cifra y han dado su visto bueno. No obstante, ADICAE estudiará la propuesta para velar por los intereses de los accionistas minoritarios, a los que no se ha dado voz en la decisión.

"Deberá aplicarse la legislación que protege a los pequeños accionistas y se analizará bien el canje que se ofrece a los minoritarios", explica Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Así, en caso de que se vulneraran los derechos de los minoritarios, ADICAE pedirá a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que estudie la fijación de canje, ya que es difícil que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vele por los derechos de los pequeños accionistas.

Los servicios al consumidor no deben reducirse

Además, desde ADICAE se pide que, en las unificaciones sorpresivas de reestructuración del sistema financiero, se evite el encarecimiento y el deterioro de los servicios que acaban pagando los usuarios. Es decir, hay que vigilar que tras la integración de ambas entidades (y en otras futuras que pudieran producirse) los servicios a los ahorradores no se vean reducidos, como viene ocurriendo en otras fusiones con la disminución del número de oficinas y servicios, ni supongan una carga extra para el consumidor a base de comisiones.

También habría que estudiar también si la oferta no supone un perjuicio para los pequeños accionistas del Banco Popular, al implicar la emisión de nuevas acciones de la entidad y disminuir, por tanto, su valoración.

Finalmente, no hay que perder de vista que estas integraciones suponen la disminución del número de entidades disponibles para los consumidores, lo que reduce la ya de por sí prácticamente inexistente competencia entre entidades financieras y puede afectar, por tanto, negativamente a los consumidores que ven reducidas las opciones disponibles al tiempo que la connivencia entre las entidades existentes continúa incrementándose.

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