La Economía de los Consumidores

Martes, 20 de Agosto de 2019

El Ministerio de Economía pretende mejorar la protección a los consumidores financieros sin reconocer la abusividad de las claúsulas suelo

En pleno verano y a escondidas. Elena Salgado, ministra de Economía, vuelve a dar la espalda a los consumidores. Esta vez con un proyecto de orden ministerial cuyo contenido defrauda completamente las necesidades reales de los consumidores y usuarios de servicios financieros ante los reiterados abusos de bancos y cajas. 

22-08-2011

Este proyecto de regulación, en fase de consulta, se limita a recoger los tópicos de información y “transparencia” que  existen desde hace más de 20 años y que no han servido para evitar los fraudes. Así, no se fijan límites a la escalada intolerable de comisiones bancarias que están soportando los consumidores desde el inicio de la crisis. Tampoco se limita la venta de productos tóxicos como los “depósitos estructurados” que seguirán campando y engañando al consumidor sin un mínimo control. Además el proyectado texto legal pretende cobrar a los consumidores por “asesorar” en algunos productos como las fracasadas “hipotecas inversas”. 

Pero lo más vergonzoso es que no se acaba definitivamente la inclusión de claúsulas suelo en las hipotecas. El proyecto se limita a exigir que esta cláusula se recoja en una Ficha de Información para que la “conozca” el consumidor. También impone al notario una simple labor de “información” para que advierta al consumidor de la existencia de estas cláusulas suelo en el contrato de préstamo. ADICAE viene reivindicando la necesidad de regular esta cláusula como abusiva y eliminarla completamente de los contratos. Hay que recordar que son un centenar las entidadse de crédito demandadas por ADICAE por incluir esta cláusula. 

 

Esta proyectada orden es una demostración más de tolerancia y compadreo entre el Ministerio de economía y la banca, a quien sigue dando carta blanca para continuar con su explotación a los consumidores. ADICAE plantaeará la necesaria reforma sustancial de los derechos de los consumidores de servicios bancarios, que se articula en la necesidad de establecer un auténtico código de derecho bancario que protega al consumidor de abusos y no una mera orden ministerial que repite errores pasados y se muestra tolerante con las entidades de crédito.

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