En la propuesta remitida al conjunto de los partidos del arco parlamentario, ADICAE plantea la incorporación a la Ley Concursal, actualmente en proceso de reforma, de una Disposición Adicional que detalla el procedimiento a seguir en los casos en que un consumidor se enfrenta a la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros, en los que la hipoteca juega un papel decisivo.

Con esta propuesta ADICAE pretende corregir una situación en la que cientos de miles de familias carecen de una protección efectiva que les evite la condena de por vida a la que la actual y vetusta Ley Hipotecaria y la ineficaz Ley Concursal dan lugar.

Como ADICAE ha planteado a los grupos parlamentarios, el establecimiento de este procedimiento específico de concurso de acreedores en los casos en que el consumidor se ve abocado a una situación de insolvencia no sólo da respuesta a una realidad acuciante para decenas de miles de familias y a un problema creciente, sino que permite avanzar hacia la equiparación de la normativa española a la existente en otros muchos países de nuestro entorno, en los que el sobreendeudamiento familiar y la insolvencia de consumidores son objeto de un tratamiento específico y diferenciado.

ADICAE, que lleva más de siete años reivindicando y proponiendo una Ley de Sobreendeudamiento Familiar, considera que la actual reforma de la Ley Concursal constituye una “oportunidad de oro” para abordar por fin de forma razonable un problema que aboca a auténticas situaciones de exclusión financiera y social a cientos de miles de familias ya que, por ejemplo, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial indican que de 2007 a 2010 han sido más de 250.000 las ejecuciones hipotecarias.

En su propuesta ADICAE plantea también medidas que garanticen el respeto a los consumidores en los grandes concursos de acreedores y en los casos de concurso de promotoras-constructoras. “El Ministerio de Justicia y el Gobierno de Zapatero, que siempre se han opuesto a la tramitación de una Ley de Sobreendeudamiento Familiar, tienen ahora la ocasión de incorporar medidas que den respuesta eficaz a una situación en la que decenas de miles de consumidores se enfrentan a la desprotección más absoluta” ha declarado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.

ADICAE reitera su petición de “Stop a los embargos hipotecarios” mientras se regula la insolvencia familiar

Ya en la VI Legislatura el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley “relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores” que fue rechazada en el Parlamento. Posteriormente esa misma regulación fue compromiso de Gobierno de la ahora ministra de Economía, Elena Salgado, por lo que introducir en una Ley Concursal no pensada para los consumidores un procedimiento específico que haga eficaz una norma inútil hasta el momento para la inmensa mayoría de las familias constituye una ocasión inmejorable para desde el Gobierno y el Parlamento se responda a un creciente clamor social de exigencia de medidas para los ciudadanos víctima de la crisis y de una irresponsable actuación del sector financiero.

En todo caso ADICAE insiste en su petición de medidas urgentes y extraordinarias acordes con la gravedad de la situación a la que se enfrentan decenas de miles de consumidores y con los graves riesgos que esa situación está generando para las familias y la propia economía. Por ello, y como ya hiciera incluso el presidente de EE.UU., ADICAE pide una vez más la paralización inmediata de los embargos hipotecarios, con el fin de evitar que aumente el número de consumidores que se ven privados de su vivienda pero siguen cargando con gran parte del préstamo hipotecario.

En su propuesta ADICAE plantea además la necesidad de regular los “macroconcursos” en los que miles de consumidores tienen la condición de acreedores, y en especial en aquellos en los que la empresa concursada es una promotora o constructora, pues la experiencia de estos tres últimos años ha demostrado que la posición de los consumidores en ese tipo de procedimientos es de completa inferioridad frente a grandes acreedores y el proceso previsto hasta ahora en la Ley Concursal no da una respuesta eficaz.