La gran banca tiene la oportunidad de reconciliarse con los usuarios si adopta medidas sinceras y cuenta con las organizaciones representativas de los consumidores y usuarios como ADICAE.

El anuncio de AEB y CECA de “ofrecer aplazamientos” en el pago de hipotecas y créditos constituye a juicio de ADICAE una “trampa” que, lejos de instrumentar fórmulas razonables y eficaces para los consumidores, encubre no sólo costes muy elevados para los hipotecados y deudores que accedan a estas medidas, sino un grave riesgo de anulación en la práctica de las moratorias legales acordadas por el Consejo de Ministros. Todo ello con una aplicación carente de transparencia alguna

CECA y AEB han apuntado a fórmulas diversas pero confusas de aplazamiento de los pagos, unos aplazamientos parciales que sólo difieren el pago del capital pero que en ningún caso cubren los intereses, que es además la parte más grande de la cuota en muchas hipotecas y que sí cubría la moratoria legal en vigor del Gobierno.

En realidad CECA y AEB sólo ofrecen “Carencias parciales”, en las que el usuarios verá reducida en parte su cuota (muy levemente si la hipoteca fue constituida en los últimos 5 años, pues casi toda la cuota son intereses en esos momentos iniciales de la hipoteca) a cambio de hacer afrontar a los usuarios finalmente el pago de miles de euros añadidos de intereses. Es decir, sería un gran negocio para la banca que ha ofrecido estas fórmulas con toda la ambigüedad y sin ninguna seguridad.

A modo de ejemplo, en una hipoteca a la que resten 100.000 euros por amortizar, la carencia de 12 meses supondrá un incremento del coste de la financiación de entre 2.000 y 3.000 euros, en función del tipo de referencia de la hipoteca.

Mayor aún es el sobrecoste para el consumidor si el aplazamiento se instrumenta mediante préstamos personales, cuyo tipo de interés medio en España ronda el 8,6% mientras en la zona Euro se sitúan notablemente más bajos, en el 6,3%.

De esta forma, las supuestas medidas anunciadas por AEB y CECA se constituyen en marketing abusivo y engañoso, que sólo beneficia a las entidades, que obtendrían un rendimiento extra a costa de la situación que atraviesan los hipotecados, evitan impagos y eluden tener que provisionar cantidades, además de tratar de “lavar” su imagen, lo que no se corresponde con muchas de las afirmaciones propias hechas por muchos dirigentes y expertos de la banca y las instituciones que querrían cambiar la relación con la clientela.

Todo ello además eludiendo ofrecer información transparente sobre los criterios que aplicarán en la “concesión” de estas fórmulas y evitando el control del Banco de España, tras establecer el Real Decreto-ley del 1 de abril la obligación de que las entidades aporten diariamente al supervisor bancario el número de solicitudes de moratoria recibidas, las concedidas, etc.