El Banco Santander está coaccionando y aprovechando la desesperada situación de las familias de pequeños ahorradores inversores del Banco Popular a través de llamadas en las que realizan una oferta engañosa, asegurando el “reembolso” del valor de las acciones adquiridas en la ampliación de capital de 2016 y determinadas emisiones de deuda subordinada, en forma de bonos. 

La condición para obtener estas migajas es que acudan a la sucursal y firmen la oferta “in situ”, negando la entrega previa de la documentación en la que se detallen los pormenores para su estudio, con lo que demuestra su mala fe y deja de relieve que su único objetivo es la renuncia expresa del inicio de cualquier acción judicial contra la entidad por parte de las familias de ahorradores inversores. 

ADICAE advierte que esta limosna con la que el Santander pretende comprar el silencio de los pequeños accionistas del Popular, no supone el reembolso real de cantidad alguna. Al contrario, se trata de la “colocación” de un producto complejo ante la declarada permisividad de la CNMV que parece velar por la conveniencia para el Banco Santander antes que por la protección de las familias afectadas.

Este producto, lejos de lo que da a entender el Santander en sus manipulados anuncios, sólo sería amortizable después de los primeros 7 años a voluntad exclusivamente del banco; la rentabilidad del 1% anunciada no es siquiera garantizada sino “discrecional”, lo que significa que el Santander decidirá sobre la misma, pudiendo rebajarlo o anularlo si lo estima oportuno; y el pequeño accionista renunciaría con ello a reclamar el valor del total de sus acciones y no sólo de las adquiridas en la ampliación.  

La entidad de Botín pretende blindarse de las demandas de las más de 300.000 familias con una operación que les supondría 1.000 millones de euros, una escaso 20% de los beneficios ya obtenidos por el Santander con tan sólo la venta de la cartera inmobiliaria del Popular. Un precio irrisorio con el que comprar el silencio de los pequeños ahorradores inversores a través de esta campaña de presión que les supone una inversión mínima frente a los gastos a los que tendrá que hacer frente ante los tribunales. 

ADICAE insta a que los supervisores estatales actúen de forma responsable e impidan que se cometan más abusos. La asociación continúa con su ofensiva legal tras haber interpuesto reclamaciones contenciosas administrativas frente al FROB en España, que ha sido ya admitido a trámite, y frente a la JUR en la Unión Europea, oponiéndose a la Resoluciones de ambos organismos. Además ADICAE anuncia que iniciará acciones penales en las próximas semanas.