Multitud de dudas son las que quedan acerca de las consecuencias del derrumbe del Banco Popular. Todos hemos presenciado cómo se llamó a la calma y se insistió en la solvencia del Banco Popular por parte del Gobierno y órganos supervisores, la realidad es que escasas horas más tarde, el Popular amanecía vestido con traje de color rojo Botín. La entidad cántabra se convertía en la única propietaria de las acciones e instrumentos de capital del Banco Popular y estos 6.100 millones de capital del banco se compensaron las pérdidas del Popular. Lo mismo ocurrió con bonos convertibles (cocos) y la deuda subordinada.

En resumen, además de las acciones, las cifras de los otros productos que se quedan a valor cero son: cocos por 1.250 millones de euros que emitieron en 2013 (500 millones) y 2015 (750); 100 millones de euros de otros instrumentos y la deuda subordinada por un total de 684 millones (entre ella la que emitió en 2011 para minoristas por un total de 450 millones).

Aquellos que se salvan de la sangría realizada son los titulares de cuentas de ahorros, los dueños de la deuda senior. Tampoco se tocará ni un euro de los depósitos de menos de 100.000 euros, que están garantizados por el FGD y los depósitos de más de 100.000 euros serían los últimos créditos de la entidad en verse afectados y dudamos que lo sean en cualquier caso.

La situación del resto de ex-clientes del Popular lo que notarán con el paso de entidad, será en que habrá un cambio en el número de cuenta (IBAN). Se trata de un mero cambio administrativo que en el momento de efectuarse será comunicado al cliente.

Los fondos de inversión no corren peligro ni lo han corrido nunca ya que son patrimonios separados de la entidad. Sí se verán afectados en su valor liquidativo los fondos que tienen vinculación a acciones o deuda subordinada con el Banco Popular.

No obstante, los productos que ya tuviera contratado el actual cliente (depósitos, seguros,...) mantendrán sus condiciones iniciales. Eso sí, al vencimiento de los mismos (si se trata de depósitos a plazo, por ejemplo), la nueva entidad podría ofrecer nuevas condiciones de renovación pero tendrá que avisar al cliente con un plazo de antelación de un mes, como mínimo, y comunicarle los cambios y los nuevos derechos que se adquieren. Ahora bien, si los cambios son favorables para el cliente (por ejemplo, si aumentara la rentabilidad que dan por los ahorros), el banco podría aplicar los cambios inmediatamente.

Respecto a los afectados de las cláusulas suelo del Popular, queda la incógnita acerca de cómo reaccionará la entidad de Botín ante esta cuestión. Nos preguntamos si aplicará el Real Decreto 1/2017 y solventará el lastre de cláusulas suelo que arrastraba el Popular y si lo hará de forma colectiva o estudiará caso por caso. Santander tiene que abordar la solución de los abusos que practicaba la entidad de Saracho, más aún tras haberse encontrado unos 55.000 reclamaciones que el Popular mantenía aparcadas. Decenas de miles de hipotecas del Popular ante las que ahora deberá responder el Banco Santander.

Por último, los clientes, que pasarán a serlo del Santander, también podrán sufrir un cambio de oficina si la entidad decide reestructurar su mapa de sucursales y cerrar algunas de ellas.

ADICAE exigirá al Banco Santander que no se aproveche de la indefensión de los pequeños ahorradores. La Asociación protegerá el patrimonio de las 300.000 familias que confiaron en el Banco Popular y en las instituciones supervisoras.

Como primera medida, ADICAE ha iniciado la celebración de una oleada de asambleas informativas por toda España dirigidas especialmente a todas aquellas personas afectadas por la intervención del Banco Popular (pequeños accionistas, bonistas, etc.).

En estas reuniones se explicará tanto el posicionamiento de ADICAE al respecto, como las medidas que emprender en todos los frentes en defensa de los afectados (jurídicas, reivindicativas, políticas, etc.) y establezca una alternativa para que no vean todo su patrimonio perdido.

Además, ADICAE ya ha reclamado que el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores expliquen en el Congreso la extraña maniobra de intervención y venta del Banco Popular.