La Economía de los Consumidores

Jueves, 18 de Abril de 2019

El Gobierno miente sobre la reforma de la Ley Hipotecaria

El Ejecutivo debe cambiar la Ley Hipotecaria para evitar los abusos a los consumidores por parte de las entidades financieras. Es absolutamente falso que un cambio de regulación vaya a hundir a la Banca.

29-03-2011

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El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha pedido en la mañana de hoy al Gobierno que cambie la Ley Hipotecaria para evitar los abusos a los consumidores por parte de las entidades financieras y ha afirmado que es "falso" que un cambio de regulación vaya a hundir a la Banca.

"La Ley Hipotecaria es antigua y vetusta, y requiere una modernización que el Gobierno se niega a aplicar con el argumento absurdo de que no se puede tocar porque se hundiría la banca", ha señalado Pardos. Los beneficios del sector financiero no se pueden basar en abusos a los usuarios.

Es falso que se hundiría la Banca y es falso que no se pueda tocar la ley. En tres años de crisis el Gobierno no ha tomado ninguna medida a favor de los usuarios y miles a favor de la Banca.

Ya son 81 las entidades demandadas por las cláusulas suelo

Manuel Pardos hizo estas declaraciones a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla (Madrid), donde presentó la ampliación de la demanda colectiva que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid contra bancos y cajas por la aplicación de las llamadas 'cláusulas suelo' de las hipotecas. Ahora ya son 81 las entidades demandadas.

"Lo que demuestra esta macrodemanda es que la práctica abusiva de las 'cláusulas suelo' ha sido generalizada en todas las entidades financieras", declaró el presidente de ADICAE, quien recordó que se pide a la Justicia que las anule por abusivas.

Existen casi 4 millones de usuarios en España con las abusivas 'cláusulas suelo' incorporadas a la hipoteca, con las que las entidades financieras en conjunto pudieron ganar entre 3.000 millones de euros y 6.000 millones de euros en 2010.

"Estas cláusulas abusivas no afectan al corazón de la Ley Hipotecaria y pueden ser modificadas en cualquier momento", explicó Pardos, quien recordó que para ello se ha presentado una acción legislativa ante el Parlamento para que estudie su eliminación.

Qué entidades están demandadas

Las 37 entidades que entran ahora en la demanda son Banca March, Banco Caminos, Banco Zaragozano, Caixa de Guissona, Caja de Burgos, Caja Rural de Castellón, Caja Rural de Burgos, Caja Rural Galega, Caja Rural de Tenerife, Kutxa, Banca Pueyo, Banco Castilla, Bancofar, Caixa dels Advocats, Caja Guadalajara, Caja Rural Central, Caja Rural de Canarias, Caja Rural Jaén, Caja Rural Teruel, La Caixa, Banco Andalucía, Banco de Asturias, Caja Campo, Caja Rioja -nueva DDA-, Caja Rural Ciudad Real, Caja Rural de Toledo, Caja Rural San Vicente Ferrer, Cajastur, Banco Balear de Crédito, Banco Popular-E, Banesto, Caja Cantabria, Caja Rural Betxi, Caja Rural Córdoba, Caja Rural Extremadura, Caja Rural Soria, Cooperativa Crédito Valenciana.

Las 45 entidades demandas en un principio eran Banco de Galicia, Banco Gallego, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Vasconia, BBVA, CAI, Caixa destalvis de Catalunya, Caixa Galicia, Caixa Girona, Caixa Manresa, Caixa Nova, Caixa Ontinyent, Caixa Penedès, Caixa Rural de Balears, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, Cajalón, Cajamar, Caja Badajoz, Caja Canarias, Caja Castilla La Mancha, Caja Círculo Católico de Obreros, Caja Duero, Caja España, Caja General de Ahorros de Canarias, Caja Granada, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Cuenca, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Navarra, Caja Rural del Sur, Caja Segovia, Caja Sol, Caja Sur, Caja de Ahorro de Extremadura, Celeris Servicios Financieros, Caja de Arquitectos, Credifimo, Ipar Kutxa, Multicaja, Sabadell Atlántico y Unicaja.

Para las 45 entidades demandadas en primer lugar el nuevo plazo acordado expira el 8 de abril si la documentación es enviada por correo o el día 9 si se entrega en mano en las convenciones hipotecarias autonómicas que llevará a cabo ADICAE. Para las 37 entidades que entran ahora en la demanda el plazo acabará dos meses después de que el edicto se publique en un periódico nacional. ADICAE informará próximamente de esta fecha.

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