La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, seguirá reclamando la restitución de los ahorros de los afectados por la estafa de Fórum Filatélico, que hasta el momento sólo han recuperado un exiguo 20,5% de sus ahorros (un 5% en el caso de Afinsa).

Lamentablemente la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, que obliga a los condenados a pagar más de 2.200 millones de euros (2.259.709.151 euros), no traerá justicia plena y real: el fallo no implica para las víctimas la recuperación de su dinero ante la imposibilidad de los condenados de afrontar los pagos fijados. 

Por tanto, la sentencia no tendrá efectividad, aunque condene a los responsables a pagar y confirma la inoperancia de los supervisores, además de desacreditar a la Justicia y al Gobierno ante un fraude masivo que, casi 10 años después, continúa sin solución, sin que la Audiencia Nacional haya fijado fechas para el juicio penal de Fórum, y atascado en un procedimiento concursal en el que la valoración de los bienes a liquidar apenas da para cubrir una cuarta parte de los ahorros defraudados.

Incomprensiblemente y en contra de lo que ya ha quedado demostrado, la sentencia no define la actividad juzgada como financiera, por lo que trata de nuevo el asunto como si las 260.000 familias perjudicadas fueran coleccionistas de sellos y no meros ahorradores.

Tampoco se entiende que los tribunales hayan tenido que esperar 9 años para concluir la culpabilidad del concurso de Fórum, cuando sus responsables están imputados desde hace años en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la sentencia exime de toda culpa a los auditores, cuya complicidad resultó imprescindible para obrar una de las mayores estafas piramidales de España.

Solución política

El fallo refuerza la exigencia de una solución política, tal como se comprometió el 100% de los partidos que apoyaron el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que instaba al Gobierno a dar una solución efectiva y real a las cerca de 500.000 familias víctimas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza. 

Dicha solución, propuesta por ADICAE ante todos los grupos políticos y consistente en que el Estado adquiera los derechos de los afectados en los procedimientos concursales permitiéndoles así la recuperación de sus ahorros, también fue apoyada por los 17 parlamentos autonómicos y centenares de ayuntamientos. Sin embargo, ese medio millón de familias ha sido traicionado justo durante los peores años de la crisis económica.

ADICAE exigirá de nuevo a los partidos el cumplimiento, no de una promesa, sino de un acuerdo de la teórica representación de la soberanía popular.

Además, la asociación pedirá a los administradores concursales la ejecución provisional de la sentencia pues carece de sentido que sigan demorándose actuaciones judiciales tras casi una década desde su inicio.