La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido seis años de cárcel para los responsables de la empresa Riverduero, Joaquín Martín y Luis Bouza, por un delito de estafa piramidal masiva con el que atraparon 24,2 millones de euros y que afecta a 290 familias en Sevilla y Valladolid. Seis años después del inicio de la instrucción el juez Andreu abrirá por fin el juicio oral contra los imputados, que fueron detenidos en 2008 y estuvieron casi un año en prisión preventiva.

Finalmente el Banco Caixa Geral ha sido considerado por parte de la Fiscalía como responsable subsidiario de la presunta estafa por haber incumplido una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligaba a Riverduero a abrir en dicha entidad “subcuentas individualizadas” para cada cliente en lugar de acumular todo el dinero en una sola cuenta. Durante toda la instrucción el principal interés de ADICAE ha sido tratar de conseguir que se pudiese obtener una responsabilidad de esta entidad a los efectos de que los afectados pudiesen cobrar pues los imputados nada tenían a su nombre. 

Riverduero recaudó 24 millones de euros para jugar en Bolsa, pero realmente solo invirtió 700.000 eurosRiverduero recaudó 24 millones de euros para jugar en Bolsa, pero realmente solo invirtió 700.000 euros según denuncia el ministerio público en su escrito de acusación. La entidad fue creada en Valladolid por los dos imputados en 1992, y en 1996 crearon una delegación en Sevilla. Su estrategia se basaba en ofrecer rentabilidades de hasta el 14% anual, ganándose en primer lugar la confianza personal de sus víctimas. Riverduero entregaba a sus clientes un recibo con su aportación y un boletín de suscripción para inversión en activos financieros. 

De manera periódica, informaba a sus clientes “simulando reflejar las sumas de dinero que podían recuperar y el patrimonio resultante, que no se ajustaba a la realidad en ningún caso, con el fin de impedir la retirada de los fondos”, denuncia la Fiscalía. En 2006 Riverduero entró en “iliquidez total” pero, a pesar de ello, los imputados siguieron ofreciendo “inexistentes inversiones en pagarés del BBVA o BSCH con una rentabilidad del 4% anual sin riesgo”.

Mientras la Fiscalía reclama 6 años de prisión por estafa continuada o apropiación indebida ADICAE, que ejerce la acusación en este caso representando a 71 familias, eleva la petición a 17 años de cárcel y añade los delitos de falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.