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El FSUG investigará si los organismos supervisores financieros nacionales cumplen con la normativa europea

El Grupo de Usuarios de Servicios Financieros iniciará una investigación para comprobar que se aplican correctamente las directivas europeas y que los órganos supervisores financieros nacionales cumplen su función. Además, ha mostrado su preocupación por la escasa información que se ofrece sobre el rescate de los planes de pensiones privados.

15-11-2014

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El Grupo de Usuarios de Servicios Financieros (FSUG con sus siglas en inglés), el órgano consultivo encargado de representar a los consumidores financieros en la Unión Europea, en el que participa activamente ADICAE, ha vuelto a celebrar una reunión con sus miembros en la que se han discutido aspectos relacionados con el rescate de las pensiones privadas, el papel de los organismos supervisores nacionales y se han concretado aspectos que se debatirán en la conferencia internacional que la Comisión Europea celebra el 18 de noviembre sobre servicios financieros para minoristas.

En esta reunión, el FSUG se ha mostrado preocupado con la correcta transposición y cumplimiento de la normativa europea en los Estados Miembros. El grupo ha detectado que en algunos estados miembros han aumentado las reclamaciones, denuncias o que los consumidores son víctimas de malas prácticas bancarias en asuntos que en principio están regulados por diversas directivas europeas. Por estos motivos, el FSUG ha acordado realizar una investigación con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la normativa europea y comprobar si la actuación de los organismos supervisores de dichos estados miembros ha sido y es la adecuada para garantizar que se cumpla esa normativa y qué medidas toman para su ejecución. 

Es evidente que por mucho que se regulen las malas prácticas y se mejoren los derechos de los consumidores, si los Estados miembros no transponen estos nuevos derechos y los organismos supervisores nacionales no velan por su protección y no actúan como deben, las directivas europeas se convierten en papel mojado y los consumidores están desprotegidos frente a los abusos. Una de las conclusiones que probablemente se extraerán de esta investigación es que hace falta crear una Autoridad Europea de Protección de los Consumidores Financieros, un organismo independiente que vele para que las directivas se cumplan, como viene pidiendo desde hace tiempo ADICAE

Con una población europea cada vez más envejecida, es normal que las pensiones sea otro de los temas sobre los que se interesa el FSUG, sobre todo en lo relativo a las pensiones privadas que complementan la pública. En este ámbito, la Unión Europea y la acción nacional se han centrado hasta ahora en las aportaciones, pero actualmente el grupo considera necesario abordar con urgencia los aspectos relacionados con el cobro o rescate de estos planes de pensiones. 

El FSUG señala que los planes de pensiones privados son poco transparentes y se han vuelto demasiado complicados para que los consumidores habituales puedan tomar una decisión acertada. Además, el asesoramiento financiero en la recuperación de las pensiones está diseñado para aquellos que tienen una jubilación acumulada generosa, no para la mayoría de los consumidores que son miembros de un fondo de pensiones, por lo que no tienen acceso a una orientación independiente. 

El grupo también se ha ocupado de actualizar el estado de la futura regulación europea sobre productos empaquetados de inversión para minoristas (PRIPs). Esta regulación está prevista que se adopte a finales del año 2015. Además de estos temas, el FSUG también ha organizado la conferencia internacional de la Comisión Europea el 18 de noviembre sobre servicios financieros para minoristas, basada en gran parte en el trabajo que ha realizado el grupo en el último año. 

ADICAE seguirá trabajando activamente para que la opinión de los consumidores sea tenida en cuenta también a nivel europeo en las futuras reuniones del Grupo de Usuarios de Servicios Financieros. La asociación lleva tiempo reclamando que se apliquen en España las disposiciones que la Directiva europea contempla para la defensa colectiva de los consumidores, ya que una auténtica defensa colectiva permitiría dar solución a casos como las cláusulas suelo o las preferentes. 

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