La Economía de los Consumidores

Jueves, 18 de Abril de 2019

El 63,4% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre corresponden a hipotecas concedidas en la burbuja

Durante el segundo trimestre del año 2014, se han iniciado un total de 19.155 ejecuciones hipotecarias de viviendas, de las cuales, el 63,4% corresponden a hipotecas concedidas entre los años 2005 y 2008, los grandes años de la burbuja inmobiliaria. Ante esta situación, urge tomar medidas que protejan los derechos de los hipotecados.

15-10-2014

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Las estadísticas de ejecuciones hipotecarias nos dejan un dato claro: el 63,4% de ejecuciones iniciadas sobre viviendas corresponden a hipotecas concedidas entre los años 2005 y 2008, los años del gran boom inmobiliario. Los datos muestran una realidad que ADICAE lleva años denunciando: la concesión de créditos irresponsables por parte de la banca para viviendas con precios que estaban muy por encima de su valor real y las cláusulas abusivas que incluyeron en los contratos durante los años de la burbuja, como la cláusula suelo, que han agravado el sobreendeudamiento de las familias al no poder aprovecharse de las bajadas del Euribor en su cuota hipotecaria, sitúa a los bancos como principales culpables de la situación de crisis que viven los consumidores. 

Lo datos del Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas. En el segundo trimestre del 2014, el 77,7% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria son viviendas habituales en propiedad, un 8,4% más que en el mismo trimestre de 2013 y un 1,5% más que en el primer trimestre del 2014. Además, el 21,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 17,6% a hipotecas constituidas en 2006 y el 13,3% a hipotecas de 2005. En total, el periodo 2005-2008 concentra el 63,4% de las ejecuciones hipotecarias. 

Durante los últimos seis años el sobreendeudamiento familiar y el estallido de la burbuja inmobiliaria han traído como consecuencia más de medio millón de ejecuciones y más de 300.000 lanzamientos. Las más de 2 millones de familias que todavía siguen afectadas por la abusiva cláusula suelo, los precios sobrevalorados de las viviendas y la concesión de créditos de manera irresponsable por parte de la banca, ocasionaron una burbuja inmobiliaria que originó la situación de crisis que seguimos viviendo a día de hoy. 

Estas cifras muestran no sólo hasta qué punto la política hipotecaria y supervisora no funciona, sino también la urgente necesidad de articular mecanismos más eficaces en la defensa organizada de usuarios y consumidores hipotecados, como la aceleración de la macrodemanda que tiene interpuesta ADICAE en la que agrupa a 12.000 familias afectadas por la cláusula suelo, que está pendiente que se fije una fecha para las medidas cautelares.  

La reforma de la Ley Concursal de septiembre de 2013 podría haber supuesto una solución para los deudores hipotecarios, pero no fue así. Este proceso, al que pueden acogerse los consumidores y que en cambio no lo hacen porque aboca a una penosa situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada, no ofrece una garantía al consumidor en la protección de sus derechos, además de que resulta excesivamente caro porque es un proceso pensado para las empresas y sólo accesible para las familias con un alto nivel de renta. La Ley Concursal tampoco asegura el mantenimiento de la vivienda, ya que sólo garantiza su inembargabilidad si la vivienda está sujeta a una actividad empresarial. Por tanto, los cambios no supusieron una autentica respuesta al problema del sobreendeudamiento hipotecario porque continúa sin poderse paralizar la ejecución de la hipoteca ni se perdona la deuda, en tanto que se considera deuda garantizada.

La crisis ha ocasionado que miles de familias pierdan sus fuentes de ingresos y, con ello, se han visto incapaces de hacer frente a los gastos hipotecarios. Por esta razón, es necesaria una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor en dos ámbitos: lograr que el concurso de personas físicas no desemboque en ruina o un continuo círculo de concursos y reapertura de los mismos, manteniendo una constante inseguridad jurídica a los consumidores; y fomentar la protección a la vivienda con garantía hipotecaria y posibilidad de extinción total de la deuda en la parte no pagada por inexistencia de bienes. 

ADICAE elaboró una propuesta de texto para la creación de un procedimiento concursal y una propuesta de moratoria de tres años que protegiera los derechos de los consumidores, les garantizara una vivienda y un tiempo de respiro para poder rehacer su vida laboral; propuestas que continúan defendiéndose y exigiendo a los diferentes Gobiernos que, por el momento, siguen dando la espalda a los hipotecados y aprobando medidas que benefician, principalmente, a la banca. 

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