La Economía de los Consumidores

Domingo, 18 de Agosto de 2019

ADICAE reclama a De Guindos igualdad de trato para los consumidores

El anuncio de regular las tasas de intercambio en pagos por tarjeta demuestra que si hay voluntad se pueden regular también las comisiones bancarias que pagan los consumidores, por lo que ADICAE reitera su propuesta de legislación específica al respecto.

15-06-2014

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La regulación anunciada por el Consejo de Ministros en relación a los pagos con tarjeta constituye una medida atrevida (pues supone intervenir en el mercado limitando legalmente los importes aplicables por la banca a determinadas operaciones) que una vez más deja a los consumidores “a los pies de los caballos”.

Pese a lo confuso de algunas informaciones, que pudieran hacer pensar a muchos consumidores que la medida limita los costes que asumen en los pagos con tarjeta, en la práctica sólo regula los costes que las entidades financieras se aplican entre sí en cada operación de pago, y genera el riesgo de que la bajada de esas tasas se repercuta a los consumidores sin que exista garantía alguna de que los precios de los bienes y servicios que ofrece el comercio se reduzcan, tal y como ya sucedió en España en el período 2005-2010 y como se puede comprobar en este estudiohttp://bit.ly/1dUpdpx.

Con la misma, España se adelanta a un proyecto de Reglamento de la Comisión Europea aún no aprobado y pendiente de debate en el Consejo Europeo y de negociación a tres entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el propio Consejo, respecto de la que ADICAE ha trasladado tanto a las instituciones europeas como españolas su preocupación.

Este adelanto es especialmente llamativo teniendo en cuenta que España lidera la falta de transparencia y opacidad en materia de comisiones bancarias, según recientes informes de la Comisión Europea, así como los resultados de la única experiencia pseudo-regulatoria en la materia en toda Europa, por la que bajo el auspicio del Ministerio de Industria en 2005 se acordó reducir las tasas de intercambio progresivamente.

Esta experiencia puso de manifiesto que la medida no sólo no beneficiaba a los consumidores (que no experimentaron ninguna reducción de precios por parte del comercio), sino que por el contrario sufrieron un incremento de las comisiones aplicadas por la banca a la tenencia y uso de tarjetas a modo de estrategia para compensar la reducción de ingresos que el sector afrontó con la reducción de los costes que aplicaba a los comerciantes.

De esta forma la reducción (cuyo espíritu era el de reducir costes a los comerciantes para que pudieran trasladar los ahorros a los consumidores a través de precios más bajos) tuvo los efectos opuestos sobre los consumidores, que vieron aumentar más de un 50% el coste de sus tarjetas sin que el comercio haya trasladado ahorro alguno a los consumidores (durante este período los precios subieron hasta un 25% más que en la zona euro). Esto demuestra la existencia de riesgos evidentes para los consumidores, riesgos que deben ser previstos y abordados en cualquier regulación como la planteada.

Aquella bajada equivalió al 1,22% de las ventas del comercio español, cuyos precios subieron en cambio un 25% más que en la Eurozona, mientras que los precios de los servicios financieros subieron en España un 27%, casi cinco veces más que en toda la Eurozona, donde apenas se encarecieron desde el 2005 un 5,8%.

ADICAE considera esta norma incompleta y parcial, puesto que se limita a regular sólo una parte de la operativa con tarjetas (el coste que los bancos se aplican entre sí) pretendiendo así reducir las tasas de descuento (el coste que el banco aplica al comerciante por cada cobro que realiza mediante tarjeta), pero sin establecer mecanismos ni medida alguna en beneficio de los consumidores.

De esta forma el riesgo de que la banca compense la reducción de ingresos que esta medida supondrá mediante el incremento de las comisiones y costes que pagan los usuarios por la tenencia y uso de tarjetas de crédito y débito es de nuevo evidente.

Si bien aún no se ha indicado cuál será el mecanismo mediante el que se aprobará la medida en España (Ley, Decreto o Decreto-Ley), ADICAE considera imprescindible que el texto final incorpore medidas de salvaguarda para los consumidores, que impidan que la experiencia comprobada en España se repita nuevamente.

En este sentido, ADICAE reitera su propuesta de regulación de las comisiones bancarias, ámbito carente de normativa clara y eficaz y fuente de abusos continuados y crecientes, que desde 2008 la Asociación ha planteado y que siempre ha encontrado el alegato de la “libertad de precios”, que ahora se obvia de manera parcial, como argumento de contrario.

Tras el anuncio realizado ayer se pone de manifiesto, a juicio de ADICAE, que dichos argumentos quedan invalidados, en la medida en que el Gobierno fija los precios para una operativa privada específica y los costes a asumir por el comercio en ella. Por ello ADICAE propone completar la iniciativa con una regulación y control de los costes y tipos de interés que los consumidores soportan en el uso de tarjetas y en general el conjunto de medios de pago electrónicos.

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