La espita se abrió en el sector de las farmacias. La introducción de un repago para abonar parte del coste de ciertos medicamentos, especialmente en colectivos hasta entonces exentos del pago de medicinas, abrió un camino que en el Gobierno no se atreven aún a recorrer en su totalidad, pero que existe, la Unión Europea sabe que está abierto, y el Ejecutivo español confiesa que no dudará en emprender en cuanto las circunstancias lo determinen.

Así consta en el Programa de Estabilidad 2014-2017 y en el Plan Nacional de Reformas que acaba de enviar el Gobierno a Bruselas, en el que especifica, para tranquilidad de la Comisión Europea, que "la capacidad de recaudación quedará garantizada" mediante la ampliación de las bases imponibles y debido también a otras "alternativas", entre las que cita "mecanismos de pago por uso de servicios" directamente a los consumidores.

Europa advirtió al Ejecutivo español de que la reforma fiscal planeada por el Gobierno de Mariano Rajoy es fácil que derive en nuevos incumplimientos de los objetivos de déficit impuestos desde el exterior. Pero la solución no va a estar en la corrección de esta reforma, sino en la introducción de mecanismos de repago que volverán a hacer trasladar el coste de la crisis directamente al bolsillo de los usuarios.

Un plan que no es nuevo

Así, la Sanidad pública y los transportes e infraestructuras son los sectores que más papeletas tienen para ver nuevos copagos. Ya en los primeros memorandos remitidos por España a Europa en los primeros años de crisis se incluyen propuestas basadas en 'impuestos ambientales' que, en realidad, no son más que la puesta en marcha de peajes en autovías ahora mismo gratuitas, con lo que ello tendrá de negativo para los ingresos de los conductores y para la seguridad en las carreteras.

Ello se mantiene en este Programa de Estabilidad 2014-17, y se abre la puerta a introducir repagos también en la propia sanidad pública, con cobros por consultas al menos en determinadas especialidades o servicios. Asimismo, el Gobierno podría estar pensando en incrementar algunos tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que grava precisamente la propiedad de la vivienda, y en cambio, bajar otros, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se aplica en las compraventas.

Todo ello para cubrir la pérdida de recaudación por la rebaja de IRPF y del Impuesto de Sociedades, que el Gobierno estima en 7.600 millones. Así, la rebaja de IRPF aportará unos 5.000 millones entre 2015 y 2016 a los contribuyentes con mayores rentas, mientras que la reducción del Impuesto de Sociedades supondrá una rebaja de 2.600 millones para las empresas; esto es, el Gobierno insiste en la filosofía del rescate bancario, privatizar beneficios y socializar pérdidas.