La Economía de los Consumidores

Sábado, 21 de Abril de 2018

El ovillo de las gasolinas; Competencia tiene nueve meses para desentrañar una enorme trama

Desde que el pasado mes de julio la CNMC abriese expediente sancionador a las grandes petroleras por prácticas oligárquicas que mantienen el precio de las gasolinas artificialmente alto, han pasado nueve meses en los que se está detectando una compleja trama de difícil esclarecimiento. De momento, el expediente ya se amplía a otros operadores.

01-05-2014

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador que abrió el 29 de julio de 2013 contra varios operadores de productos petrolíferos (Repsol, Cepsa y BP) por posibles prácticas restrictivas a la de la competencia. En concreto, la Comisión ha incluido en dicho expediente sancionador a varias empresas de distribución local de carburantes. 

Competencia ha venido observando indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que consistirían en la coordinación en materia de precios entre cada uno de los citados operadores de productos petrolíferos y empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción. El objetivo, mantener los precios artificialmente elevados; los carburantes en España han sufrido un ininterrumpido aumento de precios en los últimos seis años que los colocan entre los más caros de Europa antes de impuestos; una sangría para los consumidores.

Los plazos se acortan

Asimismo, la semana pasada, la CNMC amplió la incoación contra BP España, S.A. de otro expediente sancionador abierto contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp por otra posible conducta anticompetitiva; consistiría en la coordinación entre operadores de productos petrolíferos en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible, en los mercados de distribución de combustible de automoción.

El problema es que la CNMC aún mantiene el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente, lo cual significa que ya han pasado nueve meses desde el inicio de las acciones y Competencia sólo está logrando añadir implicados a una trama que parece mucho más compleja de lo que se presuponía.

Competencia alude a "suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente" pero, en teoría, sólo dispone de plazo hasta primeros de 2015 para fijar completamente quiénes los implicados en estas prácticas, cuáles las afecciones que habrían producido en el bolsillo de los consumidores y qué posibles sanciones cabrían ser impuestas al respecto.

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