La Economía de los Consumidores

Domingo, 22 de Septiembre de 2019

Préstamos entre particulares; cuidado con las condiciones, y con los intermediarios

La difícil situación económica de muchos consumidores es el caldo de cultivo que permite la proliferación de negocios basados en el préstamo entre particulares, práctica legal pero que debe ser sometida a control y regulación férreos. Suelen plantear condiciones abusivas para los deudores, e incluso captar ahorro de inversores para estas operaciones de máximo riesgo.

15-03-2014

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El Consejo General del Notariado ha enviado a los notarios una nota pidiéndoles que extremen su asesoramiento a los ciudadanos que contraten préstamos concedidos por prestamistas particulares, señal de la alarma que ADICAE ya ha advertido sobre estas prácticas. Estos préstamos, muchos de los cuales acaban en los tribunales, suelen ser contratados por personas en difíciles situaciones económicas y máxima vulnerabilidad, que recurren a ellos como única vía para obtener crédito. 

Además, la asociación recuerda que se conceden con intereses inusuales, con plazos de devolución más cortos y bajo condiciones muy exigentes para el deudor; la mayor parte de las veces estos préstamos exigen una garantía hipotecaria, y en todos ellos tanto los intereses nominales como el TAE son superiores, y la entrada en morosidad abre la puerta a abusos de toda índole. Diversos medios de comunicación se están haciendo eco de este problema.

Existen tres tipos de transacciones entre particulares: las familiares, las no familiares y las realizadas a través de intermediarios. En cuanto a las primeras, el único problema que puede existir es la declaración ante fiscal. Es decir, si un padre da a su hijo una cantidad de dinero, el donante debe justificar que no va a sacar rédito económico en la operación a través, por ejemplo, del cobro de intereses. Y el familiar que recibe el dinero, demostrar de dónde proviene.

En el préstamo de dinero entre personas que no son familiares, el mayor riesgo son las condiciones financieras exigidas en la transacción: intereses muy altos, cortos períodos de amortización, cláusulas abusivas...

Son los otros dos casos los que presentan dudas, aunque estén dentro de la legalidad. En el préstamo de dinero entre personas que no son familiares, el mayor riesgo son las condiciones financieras exigidas en la transacción: intereses muy altos, cortos períodos de amortización, cláusulas abusivas... Unos intereses que oscilan desde el 8% hasta cifras mareantes del 35%, muy por encima del ofrecido por las entidades bancarias.

Y eso no es lo peor, ya que muchos de estos contratos exigen, como requisito para su concesión, una hipoteca sobre la vivienda habitual. Por lo general, el valor de este inmueble marca la cantidad máxima a solicitar por el demandante de dinero, puesto que se fija un porcentaje -entre el 20 y 40%- de ese valor. De esta forma, lo que se anuncia como una fuente de dinero rápido y sin apenas exigencias previas, se convierte en no pocas ocasiones en una trampa mayor para familias ya de por sí endeudadas, involucradas muchas de ellas en procesos de desahucio. 

Intermediarios; préstamos leoninos, ahorro tóxico

En este río revuelto, hay quien no ha tardado mucho tiempo en ver una oportunidad de negocio, y hace tiempo que se han asentado un buen número de empresas, sobre todo a través de internet, que ponen en contacto a ahorradores con personas con ahorros que pueden hacer de prestamistas. Son los denominados intermediarios financieros privados. 

Técnicamente no son entidades bancarias, un sector claramente regulado en España y en la Unión Europea, ya que -en teoría- no captan ahorros, sino que simplemente cobran una comisión por unir los intereses de personas con dinero y de personas con necesidades. Pero, en la práctica, a los primeros se les ofrecen rendimientos elevados en un corto periodo de tiempo, y a los segundos, escasos requisitos de entrega. 

ADICAE insiste en que estas páginas, tal como ofertan sus productos financieros, y a pesar de no ser bancos, parecen actuar como tales al presentarse como una forma de invertir el ahorro y de obtener crédito, por lo que reclama un mayor control de este tipo de empresas; su actividad está controlada por la Administración, y todas las empresas deben inscribirse en un registro habilitado por las comunidades autónomas. Las sedes de ADICAE están a disposición de aquellos afectados.

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