Se sigue consumiendo lo mínimo imprescindible, pero los ingresos continúan bajando, la renta disponible está en mínimos desde el año 2007 y, por lo tanto, la tasa de ahorro también está en mínimos. Así lo atestigua el último informe del INE, que cifra en el 9,2% la tasa de ahorro de los hogares españoles, el porcentaje más bajo registrado en un verano desde el año 2005, sólo acompañado por el de 2007 que fue del 9%.

Esta cifra implica que la capacidad de ahorro de los consumidores en España es cada vez menor, a pesar de los esfuerzos innegables realizados por la ciudadanía para mantener su consumo en niveles sostenibles y moderados. El INE señala que el gasto en consumo final de los hogares el pasado verano se estima en 147.037 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2012. 

Menos consumo, hasta tal punto que el pasado verano fue el que menos consumo registró desde el de 2010, y aún contabilizando el efecto de las subidas ininterrumpidas de la luz y de la gasolina. El cinturón de los consumidores sigue apretándose sin pausa, pero los abusos de las grandes empresas, empezando por las eléctricas, las petroleras y las de productos y servicios de gran consumo, neutralizan los esfuerzos de las familias.

Abusos al ahorro

La tasa de ahorro reflejada por el INE, 9,2%, que por cierto es de las más bajas de toda la Unión Europea, tampoco sirve para esconder importantes desigualdades en la distribución de este ahorro. Encuestas del propio INE confiesan que menos de la mitad de la población española tiene alguna capacidad de ahorro, de lo que se deriva un preocupante fenómeno, el hecho de que un 40% de los consumidores manifiesta dificultades más o menos severas para llegar a fin de mes. 

Más aún. De ese porcentaje no mayoritario que puede ahorrar algo, la gran mayoría aparta unos pocos euros al mes, que suponen una pequeña cantidad de dinero anual que la banca aguarda con aviesas intenciones. El desfavorable tratamiento a los depósitos y la publicitación de productos con menos transparencia, menos garantías y más riesgos, bajo la apariencia de una mayor rentabilidad, siguen siendo amenazas que ya se materializaron con fraudes como el de las preferentes y que las autoridades deben controlar con más ahínco.