Iván Calvo, José Luis Velasco y Marta Victoria explican qué es el Observatorio Crítico de la Energía y dan algunas claves para entender por qué los consumidores son los grandes perjudicados de la reforma eléctrica que se tramita en el Parlamento.

¿Qué es el Observatorio Crítico de la Energía y cuáles son sus objetivos?

Nos gusta definir el Observatorio Crítico de la Energía como un laboratorio de ideas. Somos un grupo de gente con formación técnica que se reúne en torno a un análisis común de los problemas de nuestra sociedad. Principalmente hablamos de los problemas energéticos pero, por supuesto, también nos preocupa ver cómo la ideología neoliberal está acabando con los derechos sociales, con los servicios públicos, con la poca democracia que teníamos, etc. 

Nuestro trabajo se basa en la elaboración de informes, donde explicamos, por ejemplo, cómo funciona el mercado eléctrico en España; en la participación en conferencias y charlas; en la redacción de artículos en prensa... También colaboramos con otros grupos que apuesten por el cambio. Podríamos decir que intentamos construir un discurso alternativo frente a aquellos que propugnan que las cosas sólo pueden ser como han sido hasta este momento. 

Nos gustaría utilizar nuestra formación para ayudar a que la ciudadanía entienda el problema energético desde un análisis crítico y no manipulado, para que pueda posicionarse sobre las decisiones que nos afectan a todos. Nuestros objetivos son contribuir a aumentar el rigor en la discusión pública, a la regeneración democrática y en última instancia, al cambio de modelo energético y social. 

Es bastante complejo, pero brevemente, ¿cuál es la principal causa de que los consumidores paguen cada vez más cara la electricidad?

La respuesta a esta pregunta es compleja. Por responder de manera breve y concreta, podríamos decir que ahora el mercado eléctrico está controlado por cinco grandes empresas que, formando un fuerte oligopolio, tienen una enorme capacidad para fijar los precios que pagamos por la electricidad. En España, prácticamente sin que nos diéramos cuenta, el sistema eléctrico se ha privatizado y hemos acabado con la situación actual: pagando una de las facturas eléctricas más caras de Europa y con una deuda de más de 30.000 millones de euros.

En los últimos 20 años, tanto durante el proceso de privatización como en el periodo posterior, se han tomado una serie de medidas legislativas que han beneficiado enormemente a estas grandes empresas eléctricas en perjuicio de los consumidores. Por supuesto, existen muchos detalles legislativos e infinidad de matices, pero la idea general es la misma que en otros ámbitos, hemos perdido nuestra soberanía energética y hemos pasado a estar en manos de los mercados eléctricos. Para entender tanto la evolución histórica como los matices que mencionaba antes recomendamos la lectura del informe “Entiende el Mercado Eléctrico” que puede descargarse en nuestra web. 

¿Cómo va a afectar la reforma eléctrica a los consumidores domésticos?

Se ha llamado reforma eléctrica a un conjunto de leyes y reales decretos que se anunció en julio de 2013 y que comprende una infinidad de cambios legislativos. Nos gustaría destacar dos de los cambios que más afectan a los consumidores eléctricos.

En primer lugar, se ha modificado la forma en la que pagamos la electricidad que consumimos. En la nueva legislación, aumenta considerablemente el término de potencia (el término fijo) y disminuye el término de energía (el término variable, el que depende de la cantidad de energía que consumamos). Esto tiene implicaciones muy graves. La primera es que ha aumentado lo que pagamos en la factura de la luz, en algunos casos más de un 50%. Además, en la práctica, esta medida es una especie de “tarifa plana de la luz”; es decir, castiga principalmente a aquellos que sean eficientes o ahorradores en su consumo (da igual ahorrar porque ahora pagamos mucho por el término fijo) y a aquellos con menor consumo que no pueden reducir lo que pagan en su tarifa. Esto es importante porque en España hay muchas personas que viven en pobreza energética, que no pueden pagar sus facturas de la luz. Hace unos días salía en prensa que durante 2012 las empresas eléctricas cortaron la luz a más 1,4  millones de hogares. Pues bien, esta reforma eléctrica agrava esta situación.

En segundo lugar, el borrador del real decreto de autoconsumo, incluido dentro de esta reforma, es en realidad una legislación para impedir el autoconsumo. Impone requisitos económicos desmesurados e injustos para aquel que quiera instalar unos paneles fotovoltaicos en su tejado e intercambiar energía con la red eléctrica. El borrador del real decreto establece que el consumidor tendrá que pagar en concepto de peaje de red, no solo por la energía que vierta a la red durante las horas de sol y coja de ella durante la noche, sino también por la energía que produzca y consuma dentro de su casa en cada momento, aunque esta no haya pasado por la red. Esta y otras medidas retroactivas contempladas en el borrador dificultan el desarrollo de las instalaciones de autoconsumo en España. Esta legislación es contraria a lo que se está haciendo en el resto del mundo y supone un freno a que estas instalaciones entren a competir con las ofertas de las compañías eléctricas, es decir, se impide porque podría ser un arma poderosa para derrotar al oligopolio eléctrico. 

¿Qué solución se puede dar al déficit eléctrico? ¿Sería posible una quita de esa deuda?

Como hemos apuntado  en la respuesta a la segunda pregunta,  la deuda acumulada por el llamado "déficit de tarifa" asciende ya a más de 30.000 millones de euros. Formalmente, esta es una deuda que los consumidores (en definitiva, los ciudadanos) hemos contraído con las empresas eléctricas porque el precio que pagamos por la electricidad no cubre los costes reconocidos por la generación. Es decir,  pagamos por la electricidad menos de lo que las eléctricas afirman que les cuesta generarla. Grosso modo, la diferencia global anual es el déficit de tarifa. A lo largo de más de diez años, y para evitar subidas del precio de la electricidad todavía mayores, nuestros sucesivos gobiernos han negociado con las grandes eléctricas la acumulación de esa deuda.

Así explicado, podría parecer que lo único razonable es que paguemos la deuda. Sin embargo, no nos parece tan obvio. El precio de generación está determinado en un mercado de indudable carácter oligopólico y es altamente dudoso que dicho precio corresponda realmente al coste que tiene para las eléctricas generar la electricidad más unos beneficios razonables.  Hay dos hechos que hacen difícil la defensa de la postura de las grandes eléctricas: por un lado, en España tenemos uno de los precios más altos para la electricidad doméstica; por otro lado, a pesar del déficit de tarifa, los beneficios de las eléctricas siguen siendo multimillonarios.

Nosotros apoyamos una auditoría ciudadana de esa deuda que aclare la legitimidad de su origen. Y, por supuesto, no creemos que estemos  moralmente obligados a pagar la parte que tenga un origen ilegítimo. 

¿Qué hay de cierto en atribuir el déficit a las energías renovables?

Efectivamente, los incentivos (o primas) recibidos por las energías renovables son la cabeza de turco asociada al problema del déficit de tarifa. Nosotros respondemos con rotundidad que las primas a las renovables no son las culpables, sino que el déficit de tarifa tiene sus raíces en la liberalización del sistema eléctrico, que ha permitido a las grandes eléctricas fijar precios injustificadamente altos por la generación. Sin embargo, demostrar que estos precios son objetivamente abusivos no es tan fácil y requerirá una compleja auditoría del sistema, que en cualquier caso defendemos.

Es más sencillo mostrar a la ciudadanía que las primas a las renovables no pueden ser las causantes del problema mediante la comparación de nuestro sistema de primas, y sus consecuencias, con el de otros países europeos. Resumiendo, si probamos que en otros países de nuestro entorno, con precios de la electricidad no superiores al nuestro, se invierten cantidades iguales o mayores en incentivar las renovables mientras que no acumulan déficit de tarifa, habremos desmontado la extendida falacia formulada en la pregunta. En el Observatorio Crítico de la Energía estamos preparando un informe con este objetivo.

¿Ha habido, en vuestra opinión, una clara voluntad de opacidad en el sistema eléctrico? Lo cierto es que los propios reales decretos que lo regulan son incomprensibles para el común de los mortales, por no hablar ya de las facturas.

Sin duda. La sofisticación y complejidad de muchos aspectos del mundo económico actual han sido, cuando menos, aprovechados por las élites para apartar a la ciudadanía del debate acerca de asuntos que afectan de forma importante a su vida. La gente, ante la enorme complejidad técnica de algunos asuntos, frecuentemente se retira abrumada. Y esa complejidad es muchas veces espuria, intencionada. El caso de la liberalización del sistema eléctrico no es una excepción sino un magnífico ejemplo. El esfuerzo necesario para apartar el grano de la paja y conseguir explicar de modo accesible cómo se configura la factura de la luz o en qué consiste el déficit de tarifa es enorme.

¿Por dónde deberían pasar las claves de un nuevo sistema eléctrico más justo y sostenible?

La condición necesaria para que el sistema eléctrico sea justo es que esté en manos de los ciudadanos. Sólo la ciudadanía, adecuadamente informada, puede contribuir directamente o a través de sus representantes políticos a diseñar un sistema eléctrico que se ajuste a sus intereses y no a los de unas pocas empresas privadas. El ejemplo palmario de cómo estos intereses entran en colisión es que a los ciudadanos nos conviene aprovechar las medidas de ahorro y eficiencia energética; a las grandes eléctricas, que consumamos lo máximo posible. 

Que el sistema eléctrico beneficie a los ciudadanos pasará necesariamente por que esté basado en las energías renovables. Por un lado están las ventajas puramente económicas. Muy resumidamente, las renovables son cada día más baratas (más ya que la energía nuclear); permiten la generación distribuida cerca del lugar de consumo, lo cual reduce los costes de transporte; y no exigen importar combustible del exterior, incidiendo positivamente en nuestra balanza de pagos. En ese sentido, nos gustaría enfatizar que gracias al desarrollo renovable en los últimos años España se ha convertido en una potencia en tecnologías eólica y fotovoltaica y en la integración de producción renovable en la red eléctrica; en lugar de destrozar este sector productivo, nos conviene impulsarlo para que sea uno de los contribuya a la salida de la crisis económica.

Y finalmente, aunque estas ventajas no existieran, no hay que olvidar las no económicas. Las energías renovables son imprescindibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin generar residuos radiactivos y sin agotar los recursos naturales del planeta. Y es que, aunque la crisis ha desplazado el foco del problema del cambio climático, los últimos informes elaborados por los expertos no hacen sino consolidar la evidencia científica respecto a su existencia, su origen humano, y sus terribles consecuencias si no actuamos a tiempo.

¿Qué podemos hacer los consumidores para luchar por un sistema eléctrico más justo?

Una forma de contribuir a que el sistema eléctrico sea a la vez más justo y más sostenible es colaborar, ya sea como socios o como consumidores, con cooperativas renovables. Estas son empresas eléctricas que producen y comercializan energía 100% renovable. Aparte de todos los beneficios asociados a la producción renovable que hemos discutido anteriormente, estas empresas quitan cuota de mercado a las grandes eléctricas y la dejan en manos de los ciudadanos que quieran participar en el cambio de modelo energético. El número de socios y de consumidores de estas cooperativas ha crecido mucho en los últimos años, lo cual es una buena noticia, y a la vez una clara muestra del creciente descontento de los consumidores con las eléctricas tradicionales.

Pero, aun siendo muy valiosa su contribución al cambio de modelo energético, estas cooperativas no siempre pueden evitar participar en el sistema eléctrico con unas reglas del juego que les vienen dadas, y que benefician sistemáticamente a las grandes eléctricas que controlan el mercado. Es por eso que, en tanto que ciudadanos además de consumidores, nuestra obligación es, mediante la participación política, exigir un cambio sustancial en las leyes del sector eléctrico.

El primer paso para que la ciudadanía pueda exigir un cambio de rumbo en la política energética es que esté informada. Esto es difícil, porque los medios de comunicación controlados por las empresas eléctricas nos bombardean continuamente con información sesgada e interesada. Por ello, una de las cosas más valiosas que un ciudadano puede hacer es convertirse en una fuente de información alternativa. Dedicar un tiempo a entender cuáles son los problemas reales y contárselo a todo aquel que consiga que le escuche.  

¿Debería recoger una nueva legislación la garantía de suministro universal a todos los consumidores, para evitar, como ha ocurrido en 2012, cortes de luz a cerca de millón y medio de usuarios por impago?

Sin duda. Una familia que no tiene para pagar la luz está ya en una situación límite. La simple amenaza de quedarse sin electricidad le fuerza además a ahorrar al máximo en luz y calefacción, lo cual tiene enormes consecuencias negativas, físicas y psicológicas, en su calidad de vida. Quedarse sin suministro le da el último empujón para dejarla en una situación de indefensión total. Algo así es sencillamente inaceptable y como sociedad debemos evitarlo cueste lo que cueste.

Y es que además cuesta poco: como decíamos, en 2012 las grandes eléctricas dejaron sin suministro a 1,4 millones de familias. Pongamos que la deuda de cada una de ellas fuera 200 euros. Perdonar directamente la deuda (en lugar de aplazar su cobro, que sería una opción intermedia) habría costado 280 millones de euros. Pues bien, las eléctricas de Unesa ganaron unos 6.500 millones de euros en 2012. Perdonar esa deuda habría significado reducir menos de un 5% su margen de beneficio (que, recordemos, es aproximadamente el doble que sus equivalentes europeas). Como las grandes eléctricas no parecen dispuestas a ese mínimo esfuerzo, habrá que obligarlas.

En todo caso, si bien los cortes por impago han crecido durante la crisis, antes de ella ya ocurrían al ritmo de unos 600.000 al año, que ya era una cifra inaceptable. Es por eso que la garantía de suministro debería ser establecida, como bien dices, como un derecho universal, no como una solución coyuntural.

Finalmente, notemos que esta situación, en la cual empresas con beneficios millonarios desahucian familias en situación de pobreza sobrevenida, se da en otros sectores de la economía. El caso más obvio es el de la banca y las hipotecas. Una ley como esta debería ser parte natural de un programa legislativo destinado a garantizar los legítimos derechos de los ciudadanos frente a las grandes empresas.