La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles el informe propuesto por la subcomisión de Transparencia sobre la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, que pretende proponer ideas y cambios normativos para proteger a los consumidores y evitar que se repitan abusos como el de las participaciones preferentes y la deuda subordinada. El documento recoge, según informa Europa Press en un teletipo recogido por varios medios, que los bancos estén obligados a informar a sus clientes del valor estimado teórico de los productos complejos antes de tramitar la orden de compra o venta.

Para garantizar la máxima protección del consumidor, la subcomisión sugiere asimismo darle un plazo de reflexión mínimo obligatorio de entre 24 y 48 horas desde que recibe la documentación hasta que tiene que firmar la contratación. Se trataría de una medida que debería permitir que los consumidores se informen y, sobre todo, que consulten los servicios financieros que contraten con expertos objetivos como las asociaciones de consumidores, en particular ADICAE. Esto debería servir para que los bancos se acostumbren a dar los contratos redactados tal y como se van a firmar para que los consumidores los estudien antes, algo no frecuente en la actualidad.

Riesgos en hipotecas e inversión

Con respecto a los préstamos hipotecarios, se debe "vigilar el estricto cumplimiento" de la función básica de los notarios de informar a las partes sobre lo que están firmando, y se debe garantizar, según estas informaciones, que los ciudadanos sepan que tienen derecho a elegir el notario y que no deben aceptar el que proponga la entidad bancaria. Los diputados llaman a exigir a los bancos que informen a los clientes de que no están obligados a suscribir un seguro del préstamo con la misma entidad y de las condiciones del crédito si lo hace y si no.

Con respecto a los instrumentos de inversión, la subcomisión pide que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emita un informe sobre la implantación de los criterios de asesoramiento en los servicios de inversión recogidos en el MIFID. Antes de vender este tipo de productos deberían ser catalogados en función de riesgo y complejidad, valorando incluso un código de colores para que el sistema sea más gráfico. Y también se recoge la previsión de que al compra de este tipo de productos se tenga que acreditar con una copia firmada de toda la documentación informativa entregada al consumidor.

Demasiada carga sobre el consumidor

Sobre depósitos bancarios, la subcomisión insta al Gobierno a continuar trabajando tanto a nivel nacional como comunitario para garantizar que gocen del "máximo nivel de protección". Una vaga referencia, que no esconde el trato desfavorable que la banca da a los depósitos a pesar de que siguen siendo lo más seguro y garantizado. Y no se hace mención ninguna a las comisiones bancarias, más que duplicadas en algunos casos y que sangran las economías familiares.

En líneas generales, a pesar de que hay algunos avances, el informe que debatirá la subcomisión es excesivamente indulgente con las entidades financieras y carga en exceso sobre el consumidor la responsabilidad de su propia protección financiera. Los parlamentarios  insisten en reforzar la formación financiera desde la educación, pero no tanto en lo referente a los derechos de los consumidores, sino más bien en lo relativo al alcance de los contratos y a que, por ejemplo, "al pago de las deudas se responde con todo el patrimonio presente y futuro". Poco se responde, sin embargo, a estas preguntas: ¿De dónde surgen las deudas? ¿De dónde surgen los abusos bancarios?