La Economía de los Consumidores

Miércoles, 20 de Febrero de 2019

Hasta 10.000 millones en créditos morosos se están subastando entre fondos buitre

Hipotecas, créditos al consumo, tarjetas... En total, hasta 10.000 millones de euros en préstamos no cobrados que las entidades financieras españolas y la Sareb han puesto en subasta al mejor postor entre fondos de inversión internacionales. La dinámica es sencilla. Estos fondos compran a los bancos, a precio de saldo, el derecho a cobrar esos préstamos, y contratan a consultoras legales que se encargan de localizar a los consumidores para reclamárselos. Es indispensable que las autoridades vigilen en qué condiciones se realiza esto.

25-10-2013

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La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha recibido una treintena de ofertas por una cartera de préstamos hipotecarios morosos valorada en unos 300 millones de euros, según publicaba el Financial Times en una información de la que se hacen eco diversos medios españoles. El rotativo británico señala que esta cartera de créditos, denominada 'Abacus', ha suscitado el interés de diversos fondos buitre norteamericanos.

El también conocido como 'banco malo' espera cerrar una acuerdo para la venta de esta cartera de créditos hipotecarios morosos antes de que concluya el año. Se trata del primer lote de créditos que la entidad que preside Belén Romana ha puesto a la venta desde su creación en 2012 por el Gobierno tras asumir 50.000 millones de activos tóxicos bancarios de las entidades bancarias nacionalizadas y en las que el Estado ha inyectado capital.

Y es buen ejemplo de un fenómeno que ha invadido al sistema financiero español, un fenómeno además no bien regulado ni vigilado por las autoridades en materia de consumo financiero. La dinámica es sencilla; una entidad financiera, en este caso la Sareb como desde hace meses otras muchas como La Caixa o Ibercaja, pone en el mercado los derechos de cobro de sus préstamos en mora, tanto hipotecarios como de consumo o tarjetas de crédito.

El principal problema de esta actividad radica en su falta de transparencia para con el consumidor. No queda nada claro en qué condiciones se realiza el traspaso de los derechos de cobro, ni cómo cambian los plazos de pago, ni a qué tiene derecho el consumidor en relación con sus datos y la información de sus créditos..

Es entonces cuando entran en escena estos fondos internacionales de inversión, que pujan por estos paquetes de créditos impagados. Los adquieren a precio de saldo, muy por debajo del importe del crédito pendiente, y asumen la gestión del cobro de estos préstamos. Para ello contratan a gestoras de cobro, despachos jurídicos que se encargan de localizar a los consumidores afectados para reclamarles esa deuda. 

El último caso, publica el Financial Times, es el de más de 40 inversores que han presentado oferta por una cartera de créditos problemáticos al consumo y con tarjeta de Banco Sabadell, valorados en 650 millones de euros; en fin, las ofertas de Sareb y Sabadell son solo una parte de los entre 7.000 y 10.000 millones de de créditos problemáticos que están siendo actualmente puestos en el mercado en España, según el rotativo económico anglosajón.

Cómo afecta este proceso al consumidor

El principal problema de esta actividad radica en su falta de transparencia para con el consumidor. No queda nada claro en qué condiciones se realiza el traspaso de los derechos de cobro, ni cómo cambian los plazos de pago, ni a qué tiene derecho el consumidor en relación con sus datos y la información de sus créditos... En teoría, además, se abre una nueva negociación con la tenedora de ese crédito, que no se sabe si puede implicar nuevos intereses, nuevas cuotas, ofertas financieras para llegar a los pagos que impliquen cláusulas abusivas...

Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y proteger los derechos los afectados. Y ADICAE se pondrá de su lado; las sedes de la asociación están a disposición de todos aquellos consumidores que hayan recibido alguna notificación o llamada que haga sospechar que su entidad bancaria ha cedido el cobro de sus préstamos a un tercero, para establecer los mecanismos de defensa y transparencia que correspondan.

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