Los consumidores que viajan por Europa ya saben lo que les toca. Llamar lo mínimo, esperar que no les llamen a ellos, y desactivar la tarifa de datos si no quieren llevarse un susto en la factura. El 'roaming' es  el sobrecoste que las compañías cobran por llamar o conectarse a Internet desde otro país de la UE, y que también se aplica a las llamadas recibidas. Una práctica que la Comisión Europea quería borrar del mapa, tanto por considerarla injusta para los consumidores como por la necesidad de crear un auténtico mercado único de las telecomunicaciones. Iniciativa se presentó en septiembre, y ni un mes ha hecho falta para que los Estados digan “no”, sin esconder el motivo: la nueva normativa perjudicaría a las empresas.

El plan para eliminar el 'roaming' que propone Bruselas ni siquiera es un movimiento radical. Se preve que sea por fases, de manera que a partir de julio de 2014 desaparezca el sobrecoste por recibir llamadas -que se repercute tanto en el que llama como en el que descuelga el aparato- . Para el resto de servicios, se dejará en manos de las compañías la decisión de cobrar la misma tarifa en el extranjero que en el mercado nacional, y sin deciden no hacerlo, el consumidor podrá pasarse a una compañía extranjera sin necesidad de cambiar de tarjeta ni penalización.

Las más de 40 grandes compañías telefónicas de toda Europa -algunas muy poderosas, pues eran antiguos monopolios estatales, como ocurre en España con Telefónica- han hecho valer su influencia y han hablado por boca de los representantes de sus países para mostrar su oposición a un plan que, en el medio plazo, las pondría en la práctica a competir en un mercado único europeo, lo que facilitaría que los consumidores pudieran acceder a una mayor oferta. Sin embargo, el objetivo de la UE a largo plazo es que, al crear un espacio común en telecomunicaciones, se redujera el número total de operadoras, para que queden un puñado de empresas internacionales.

España, entre los países más caros para llamar

A partir de ahora se abre un periodo de negociación en el seno de las instituciones europeas, del que saldrá el plan de telecomunicaciónes definitivo. Lo que esta medida y el rechazo sucitado ha dejado claro es que los Estados europeos se ponen del lado de las grandes empresas en lugar del de los vapuleados consumidores. Una situación especialmente deplorable en el caso de España, que se sitúa entre los países más caros de la UE para hablar por teléfono móvil.