La Economía de los Consumidores

Sábado, 20 de Abril de 2019

La reforma eléctrica ignora los intereses de los consumidores

El Ministro de Industria, Energía y Turismo aprovecha el verano para poner en marcha una reforma exclusivamente recaudatoria. El Secretario de Estado se reunió con las principales eléctricas sin citar a los representantes de los consumidores. ADICAE remitirá alegaciones a este Anteproyecto e informará a los consumidores de las graves consecuencias de esta reforma

19-07-2013

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Se ha perdido la oportunidad de  llevar a cabo una reforma auténtica del deficitario e insostenible sistema eléctrico español que cuente con el consenso de los consumidores. Tras el análisis del Anteproyecto de ley del sector eléctrico ADICAE considera que esta normativa no supone ningún cambio sustancial respecto a la anterior resolución y que el único cambio real será  un incremento en la factura eléctrica de los consumidores. 

El Ministerio desoye las propuestas de los consumidores

La Asociación de Consumidores ADICAE sigue a la espera de una respuesta a su solicitud de una reunión formal para debatir la nueva reforma del sistema eléctrico mientras el Secretario de Estado, Alberto Nadal se reunió con las principales compañías eléctricas pocas horas antes de dar luz verde a la reforma, lo que expresa la prevalencia de los intereses de empresariales frente a los de la ciudadanía. 

Las primeras medidas ya han supuesto un incremento del precio de la luz para los consumidores, quienes en agosto pagarán un 3,2% más, pero se espera que en los próximos meses, con la puesta en marcha de la reforma eléctrica al completo, el aumento sea mayor. 

El resultado de esta "reforma", cuyo objetivo es meramente recaudatorio, sólo va a ser un mayor déficit, en una normativa que favorecerá tan sólo a las grandes compañías que durante años han acaparado el mercado, sin promover una auténtica competencia en perjuicio de los consumidores. 

Consumidores más indefensos

El Ministerio utiliza en el Anteproyecto una terminología compleja e incluso incoherente con la utilizada en la anterior Ley, lo que genera una situación de total indefensión para el consumidor y hace temer lo peor de cara a los próximos reglamentos. 

Uno de los principales cambios es la creación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor que sustituirá a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Sin embargo, esto no va suponer un verdadero precio máximo ya que cualquier aumento de coste del sistema conllevará automáticamente un incremento de precios en las facturas.

Según el Anteproyecto la TUR, a la que están acogidos en la actualidad la mayoría de los consumidores domésticos y que marca el precio máximo que pueden cobrar las compañías, pasa a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Un término cuanto menos confuso que, a pesar de este nombre, y de que se asegura que es lo mismo que la TUR, supone que el precio máximo que fije se basará en el "principio de suficiencia de ingresos” de las eléctricas, sin tener en cuenta la realidad social y económica de los consumidores. Además, no supondrá un precio máximo real, ya que el anteproyecto contempla la aplicación de recargos a la misma y la creación de tarifas por encima de éste máximo. 

Como ya señaló ADICAE, la TUR ha servido como excusa para que las eléctricas no ofrezcan ofertas competitivas. Ahora se anuncia que con la reforma entrarán nuevas comercializadoras a dar este servicio, con la posibilidad de que compitan y se abaraten los precios, pero nada parece indicar que si hasta ahora no ha ocurrido con la actual TUR, esto se vaya a corregir con el Precio Voluntario, a menos que se apliquen medidas que verdaderamente fomenten la competencia. 

Adiós a las energías renovables

Esta reforma supone un gran retroceso en el principio de eficiencia energética y un grave impacto medioambiental. Con ella se recorta la inversión en energías renovables, lo que supone dar carpetazo a un posible cambio de modelo del sector hacia una estructura que pueda ser viable y sostenible en un futuro. Esto va a suponer que España incumpla la Directiva Europea 2009/28/CE, que obliga a los estados miembros a alcanzar en 2020 al menos un 20% de uso de energías renovables, con el riesgo de sanción económica que esto conlleva.

Además, se penaliza el autoconsumo en el sector de las energías renovables, un modelo por el que habían apostado miles de consumidores siguiendo las campañas de concienciación de ahorro energético promovidas por todas las administraciones. 

ADICAE remitirá alegaciones a este Anteproyecto con el fin de que se recojan los intereses de los consumidores. Además, informará a los ciudadanos de las consecuencias de esta reforma tal y como se ha presentado, promoviendo la acción colectiva y la reivindicación de una alternativa a este atropello.

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