La historia de la mala gestión de las cajas de ahorros y la defensa de ADICAE de los derechos de los consumidores en estas entidades se remonta a muchos años atrás, concretamente a 1988, con la creación de AICAR ante la creciente necesidad de que los impositores tuvieran una  representación adecuada en los consejos de administración de las cajas aragonesas. Entonces nuestra asociación ya había denunciado a Ibercaja por irregularidades en los procesos electorales, y ya se hablaba de 'democratización' de las cajas de ahorros.

ADICAE ya señalaba a los culpables de la falsa democratización de las cajas de ahorros -por entonces sólo en Aragón-: el entonces presidente de Ibercaja -José Luis Martínez Candial- y la Diputación General de Aragón, que parecía más subordinada al poder financiero que soberana y vigilante sobre él, tal y como señalábamos en la revista Impositores de julio de 1994. De hecho Candial impidió arbitrariamente a Manuel Pardos ejercer sus funciones en el Consejo de Administración de Ibercaja, a pesar de haber sido nombrado miembro en las elecciones de 1992. Lógicamente AICAR denunció los hechos, y los juzgados acabaron dando la razón a nuestra asociación, tal como explicaba la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en sentencia del 13 de noviembre de 1995.

Una falsa democratización

La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) puso algunos límites a la representación de las entidades públicas en los órganos de Gobierno de las cajas. Ahora no pueden superar el 50% de los derechos de voto, mientras que los impositores –clientes- tienen entre un 25 y un 50% de representación, según cada caja.

Pero, ¿por qué este reparto de la representación no es suficiente para garantizar los derechos de los clientes? En realidad lo que cuenta es el falso proceso democrático de elección de los representantes y su papel efectivo y autónomo propio en el gobierno. No hay normativa que indique cómo debe elegirse a los representantes de los impositores. No todos los clientes pueden votar, ni presentarse –varía en función de antigüedad, operaciones con la caja,…-, hacen falta muchos avales,…

Además las organizaciones como ADICAE quedan fuera de los órganos de gobierno. De esta manera los impositores que llegan a formar parte de la asamblea general o del Consejo de Administración, quedan aislados y prácticamente indefensos ante la intromisión de grupos de poder político y financiero. La falta de dirección, organización, criterios y principios de actuación global en defensa de los intereses de los ciudadanos hace que esta pequeña puerta no se llegue a abrir del todo. 

Su nefasta bancarización

A mediados de los 90 ADICAE ya denunciaba que la bancarización estaba convirtiendo a las cajas de ahorros en entidades muy alejadas de su origen social. Además, ya se ponía el dedo en la llaga sobre la política de créditos e inversiones multimillonarias, dudosas, extrañas e irregulares. La bancarización de las cajas de ahorros ha pervertido cualquier pequeño atisbo de crear unas entidades mínimamente sociales. Durante los últimos años, las cajas de ahorros han funcionado como la peor versión de los bancos tradicionales, amparadas por una ‘obra social’ y un régimen de funcionamiento tenido por ‘democrático’ pero totalmente manipulado.

Las cajas de ahorros son las entidades financieras que más se implicaron en la burbuja inmobiliaria. En 2007 fueron las que más crédito dieron al sector de la construcción (47,84%, ante el 42,61% de los bancos). Por eso sus balances han ido desluciendo según iban cayendo inmobiliarias. Martinsa-Fadesa, Tremon, Habitat... Detrás de cada concurso de acreedores de una empresa vinculada con el ladrillo aparecían una serie de cajas prestatarias que habían financiado los proyectos urbanísticos en cuestión. Ahora muchas de estas constructoras han quebrado dejando a los consumidores con la incertidumbre de su ahorro y su vivienda.

Ante los rescates y abusos, defensa judicial

Desde siempre ADICAE ha defendido los derechos de los consumidores en las cajas de ahorros. Unas cajas que, ahora, han quedado prácticamente dilapidadas. Según datos oficiales del Banco de España, nuestro país ha llegado a tener 142 entidades con licencia para operar como cajas de ahorros. De ellas ahora sólo quedan 21. Esto es fruto del baile de fusiones y absorciones que se han venido produciendo en los últimos años y que ya ha costado miles de millones de euros en forma de 'rescates' por parte del Estado -a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB- a Caja Castilla La Mancha, CAM, Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa.

Y precisamente contra este grupo de cajas quebradas ha dirigido ADICAE sus últimas acciones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores. Nuestra asociación está personada como acusación popular y particular en las querellas contra Bankia-Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia-, Caja Castilla La Mancha –fusionada con Cajastur-, CAM –absorbida por Banco Sabadell-, Novagalicia Banco –Caixa Galicia y Caixanova- y Catalunya Caixa -Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona-, contra la que además inició nuestra asociación el proceso judicial. Hay 14 cajas implicadas. Es una ‘causa general’ contra las cajas de ahorros quebradas, que representan aproximadamente la cuarta parte del sector financiero español.

La intervención de ADICAE como acusación tiene como objetivo que todas las responsabilidades de las quiebras e irregularidades salgan a la luz, y que el daño producido a los clientes, a los titulares de participaciones preferentes y cuotas participativas, y a los ciudadanos en general sea reparado. Es lo que diferencia a estas querellas de otras que han presentado otros colectivos: se antepone la defensa de los derechos de los grandes perjudicados, los ciudadanos. Muy pronto habrá novedades en estos procesos.