Luis de Guindos, ministro de Economía, sigue insistiendo en que su Ministerio, el Banco de España y la Dirección General de la Competencia están buscando una “solución” al corralito de las participaciones preferentes. Lamentablemente esta solución, que el Gobierno dice buscar desde hace casi medio año, nunca llega.

"El Gobierno comparte la preocupación por la colocación que se hizo de participaciones preferentes a ahorradores que no tenía que haberse producido, porque era un producto complejo. El Gobierno está estableciendo como pilar fundamental de su política financiera la protección del ahorrador, especialmente del pequeño ahorrador", ha mentido De Guindos.

Y ha mentido porque todas las reformas que ha impulsado el Gobierno, plasmadas en el Real Decreto Ley 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, sólo ‘solucionan’ la comercialización de estos productos a posteriori, y de manera poco firme porque lo que ha ocurrido en España no es que la ley fuese deficiente, sino que directamente los bancos no la cumplían porque no había control por parte de CNMV, Banco de España y Ministerio de Economía, cuya única preocupación era sanear las cuentas de las entidades financieras.

Y el ministro también ha faltado a la verdad porque, si realmente le importase al Gobierno la protección de los pequeños ahorradores, habría pedido opinión a las asociaciones legítimamente representativas de sus derechos, como ADICAE. No lo ha hecho con ninguna asociación de consumidores.

De Guindos, sin embargo, está muy acertado cuando reconoce que la comercialización fue un fraude. Pero, entonces, tiene que haber responsables. ¿Quién lo diseñó, quién lo ejecutó, quién lo toleró, por qué no se obliga a las entidades a devolver el dinero a los defraudados? La solución que se ha dado a los afectados ha sido el canje voluntario de sus títulos, lo que supone una elección entre la nada y malas condiciones, porque los 25.000 millones en acciones de entidades financieras, que es lo que se ha ofrecido, ya están perdiendo valor, y además la estafa de las preferentes, cédulas hipotecarias, pagarés y otros productos tóxicos supera los 37.000 millones de euros.

Desde ADICAE insistimos en que, si realmente el Gobierno quiere buscar una solución, debe contar con la opinión de los legítimos representantes de los afectados. Cualquier solución que no sea dialogada y negociada con los afectados será, únicamente, la solución que le interese a la banca.